Fentanilo contaminado: cómo sigue la causa judicial y quiénes son los imputados en la tragedia sanitaria
La causa que comenzó en 2025 sigue su curso en la justicia federal a cargo de Ernesto Kreplak. Todos los detalles de la investigación en curso.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictará una nueva resolución para ampliar los procesamientos de 13 imputados por la causa del fentanilo contaminado de HLB Pharma que dejó 114 muertos. La medida se llevará a cabo a un año del trágico hecho que azotó a la salud pública.
Quedaron con secuelas 49 víctimas sobrevivientes y este viernes 8 de mayo se cumple un año de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por este laboratorio, luego de comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Cómo sigue la investigación por el fentanilo contaminado
El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta comenzaron la segunda etapa de la investigación en la que se encuentran bajo la lupa los controles de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, que debía realizar la ANMAT en manos de la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó en aquel momento.
Luego de detectar un brote de neumonía causado por esta bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, se suspendió inmediatamente la distribución del producto en todo el país y se sumó a restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
El 8 de mayo del 2025 es clave por la decisión de la ANMAT, pero la tragedia comenzó tiempo antes. Es decir, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril. Después de realizar distintos controles internos, las autoridades del establecimiento denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la ANMAT el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y ellos lo elevaron a la Justicia Federal de La Plata.
Fentanilo contaminado: el caso particular de Renato
Renato, un joven de 18 años, fue considerado el caso número 1. Su madre, la enfermera Soledad Francese le confesó a Infobae: “El 5 de mayo hizo un año que falleció Renato. Lo que la mayoría de los familiares vemos es que la justicia, el juez Kreplak y la fiscal Roteta son los únicos que están haciendo algo y trabajando como corresponde. El Gobierno hace como que están ciegos, sordos y mudos no hacen absolutamente nada. Pasó un año y realmente no hacen ni dicen nada”.
El 15 de agosto del año pasado en el programa Solo una vuelta más por TN, la madre se enfrentó públicamente a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron las ampollas del potente anestésico y principal imputado en la causa.
Cinco días después del duro cruce que tuvieron al aire, el empresario fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras entregarse luego de que el juez Kreplak emitiera una orden de captura en su contra. “Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo”, se defendió el farmaceútico.
La mujer respondió: “Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que proliferen las bacterias. Hay un montón de fallas (en los laboratorios) y vos sos responsable″.
La causa judicial, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis”, pasó a convertirse en el expediente penal sanitario de mayor magnitud del país. La investigación principal, completamente digitalizada, reúne cerca de 400 legajos y sublegajos, unas 30 cajas de documentación física, dos armarios con elementos secuestrados y más de 200 dispositivos electrónicos incorporados como prueba.
Fuentes de las querellas consultadas por Infobae calificaron el trabajo judicial como “exhaustivo, riguroso y altamente profesional”. En la misma línea, funcionarios vinculados al expediente aseguraron que la pesquisa “resistió intentos de desestabilización y campañas de desinformación sin alterar el avance de la causa”.
La investigación se inició el 13 de mayo de 2025, luego de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica presentara una denuncia ante la Policía Federal Argentina por una presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB correspondiente al lote 31202. Semanas antes, el Hospital Italiano de La Plata había detectado las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de las doce ampollas analizadas de ese medicamento, mientras que muestras de fentanilo de otra marca no presentaron contaminación.
El auto de procesamiento, firmado el 25 de septiembre de 2025 —en un plazo considerado inusualmente breve por el volumen documental y la complejidad de las pericias científicas—, identificó a 13 personas como coautoras o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales agravada por el resultado de muerte, previsto en el artículo 201 bis del Código Penal. La figura contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Quiénes son los imputados en el caso de fentanilo contaminado
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y señalado como el verdadero titular de Laboratorios Ramallo, aparece para la Justicia como el principal responsable de la maniobra investigada. Según la resolución judicial, tenía control y capacidad de decisión sobre los aspectos estratégicos y operativos de ambas firmas, estaba al tanto de las fallas en los procesos de producción y habría ordenado la eliminación de evidencia digital, incluido el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025. Además, se le atribuye no haber impulsado el retiro del mercado de los lotes contaminados ya comercializados. Fue procesado con un embargo de $1 billón y permanece detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue identificado como quien transmitía las órdenes de fabricación al jefe de planta, entre ellas la correspondiente al lote de fentanilo contaminado elaborado el 13 de diciembre de 2024. El expediente sostiene que mantenía presencia diaria en la planta y participaba activamente en las decisiones de gestión. Está procesado como coautor, con un embargo de $500.000 millones, y también permanece detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, figura como accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group. De acuerdo con la investigación, facilitó la estructura societaria mediante el aporte de su nombre y firma, realizó gestiones ante la ANMAT en respaldo del laboratorio y obtuvo beneficios económicos derivados de la actividad del grupo empresario. Fue procesada como partícipe necesaria, con un embargo de $500.000 millones, y cumple prisión domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, ordenó que se borraran los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 y ordenó al personal técnico. Fue procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000 y detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre del 2024, sostuvo en su declaración que fue presionado apra firmar los batch records bajo amenaza. Lo procesaron como coautor, quedó detenido y fue embargado por $100.000.000.000.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, se encargó de firmar las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Eligió no declarar en su indagatoria, la procesaron como coautora, la embargaron por $100.000.000.000 y se fue con detención domiciliaria.
El resto de los imputados son:
- María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad)
- Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad)
- Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad)
- Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento)
- Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad)
- Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica)
- Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)
Los procesaron como coautores sin prisión preventiva por haber firmado los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado estableció que conocían las irregularidades del proceso productivo, con embargos desde los $10.000.000.000 hasta $50.000.000.000.
Qué irregularidades se presentaron en los laboratorios
Los laboratorios fueron allanados y se registraron una serie de incumplimientos:
- Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por la ANMAT.
- Falta del libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados.
- Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo.
- Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados y generaba falsos negativos.
- Falta de limpieza entre lotes consecutivos, con intervalos de sanitización de entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados.
- Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
- Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
- El personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
- Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del ensayo de simulación del proceso aséptico (media fill).
Cómo sigue la investigación por el caso de fentanilo contaminado
La siguiente etapa de la investigación se refiere a los organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación con un avanzado análisis de la conducta de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos, y la causa apunta a sus máximos responsables.
La fiscalía de María Laura Roteta cuestionó el dictamen de ambos organismos y amplió los cuestionamientos a la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica por haber tardado tres días en acusar recibo de la alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la contaminación; y al Instituto Nacional de Medicamentos por haber realizado los ensayos de esterilidad de las muestras en el laboratorio Gobbi Novag, un establecimiento que “estuvo procesado en el penal económico por mentirle a la ANMAT”.
La ANMAT detectó deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo en tres inspecciones: 2022, 2023 y 2024. “No surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto“, agregó.
Esta misma resolución señaló que el fentanilo no se encontraba en la Disposición N°10564/2016 de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que no permitía su trazabilidad individual. Ese vacío legal fue identificado como “el primer obstáculo” de la investigación. De este modo, el sistema de formularios en papel establecido por la Ley N° 17.818 fue calificado como “a todas luces obsoleto e insuficiente”. El mismo juzgado tuvo que asumir la tarea de recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país ante la inactividad del laboratorio y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.
