Reforma Electoral: el Gobierno pisa fuerte para tratar la eliminación de las PASO, pero recibió una noticia inesperada
La eliminación de las PASO es un eje central en la Reforma Electoral que propone el oficialismo aunque cuenta con poco apoyo de sus aliados y necesita la mayoría absoluta para aprobarlo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a tratar el proyecto de Reforma Electoral. A pesar de las ambiciones oficialistas, el Gobierno recibió una inesperada noticia: el ambicioso proyecto cuenta con poco apoyo, principalmente porque la oposición dialoguista comentó que no va a acompañar en su totalidad y además, el proyecto necesita de mayoría absoluta en las dos Cámaras para hacerse efectivo.
El Gobierno quiere pisar fuerte en la agenda legislativa de este 2026 para, entre otras cosas, modificar la Reforma Electoral. Es por eso que La Libertad Avanzará buscará aplicar los siguientes cambios:
- Eliminación de las PASO
- Cambios en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales
- Modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel (BUP)
- El proyecto de Ficha Limpia, ya que Agustín Coto recibió el visto bueno
Cómo sigue el debate por la Reforma Electoral
Eduardo Vischi en su rol de liderazgo del radicalismo presentó un proyecto para que las PASO sean optativas al que se sumó Jorge Macri desde el PRO y los senadores encabezados por el misionero Martin Goerling Lara.
El PRO, la UCR y fuerzas provinciales mantienen un diálogo con Patricia Bullrich hace un tiempo para abrir del proyecto la implementación de Ficha Limpia y tratarlo por separado en una iniciativa única así como fue el año pasado con el empuje de Silvia Lospenatto.
Qué sostiene el Gobierno sobre la Reforma Electoral
Mientras que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza estaría de acuerdo con la idea de la oposición de debatir la Reforma Electoral en dos partes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio la orden de iniciar la discusión sin realizar cambios en el proyecto de ley.
La Cámara de Diputados, con Martín Menem a la cabeza, no avala es desdoblamiento del debate y la propuesta llegó al diputado Gabriel Bornoroni, jefe de LLA en la Cámara de Senadores, y a los bloques de Provincias Unidas y el PRO, presididos por Gisela Scaglia y Cristian Ritondo, respectivamente.
La interlocutora designada entre las cámaras legislativas y la Casa Rosada es Gisell Castelnuovo aunque en paralelo se presentarán reuniones de la Mesa Política de la Casa de Gobierno que lidera el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y conforman, entre otros Karina Milei y Patricia Bullrich, donde podrían adoptar una postura unificada sobre el proyecto.
La iniciativa de casi 80 artículos elimina las PASO, cambia el financiamiento de los partidos políticos, modifica la Boleta Única de Papel (BUP), propone la implementación de la Ficha Limpia y elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Estos últimos serían designados de manera indirecta por el Congreso manteniendo el respeto de la representación proporcional de cada fuerza política.
Sin embargo, cualquier modificación vinculada a leyes electorales requiere la mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que representa 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
Cómo sigue el debate por la Ficha Limpia en el Congreso
El PRO y La Neuquinidad proponen la discusión de Ficha Limpia y presentaron proyectos al respecto, a los cuales se podría sumar la adhesión de la UCR en el Senado. Desde el PRO, Martin Goerling Lara presentó un régimen de inhabilitación para personas con condena firme por delitos dolosos vinculados a la administración pública con el objetivo de “garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático”.
En este sentido, el proyecto abarca los delitos de fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.
Por su parte, la senadora neuquina, Julieta Corroza, propuso modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos con el objetivo de impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales cuando exista condena confirmada en segunda instancia o consentida por falta de apelación. En este sentido, la inhabilitación regiría durante todo el tiempo que dure la condena y cesaría únicamente si la sentencia fuera revocada.
