La Marcha Federal Universitaria se llevó a cabo el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes, docentes y diversos sectores de la sociedad civil colmaron la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, en una jornada marcada por el reclamo urgente de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al ajuste presupuestario implementado por el gobierno de Javier Milei.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien encabezaba una de las columnas principales, destacó la magnitud del encuentro en declaraciones a la prensa. “Todavía no terminaron de salir (todos los estudiantes) de Plaza Houssey, van a ser muchísimas cuadras de gente reclamando por la educación pública”, aseguró en diálogo con TN. Además, enfatizó en que la movilización representa una herramienta de movilidad social para que el futuro de los jóvenes dependa de su esfuerzo y no de su lugar de nacimiento.
El reclamo central de la protesta apunta a que el Gobierno cumpla con la normativa sancionada por el Congreso en 2025, además de garantizar el envío de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de los hospitales universitarios. Según Yacobitti, el espíritu de la marcha es transversal y supera las identidades partidarias, incluyendo a “miles de personas que votaron a Milei, pero están en contra de que destruya las universidades públicas”.
Finalmente, subrayó que el objetivo de esta masiva muestra de apoyo es lograr que el Gobierno cese en sus intentos de deslegitimar el reclamo y acate la ley. “Esta marcha no es de nadie, es a favor del cumplimiento de una ley que tiene que cumplir el Gobierno, que sancionó el Congreso, para financiar las universidades públicas, ni más ni menos”, concluyó.
Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.
También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).
Piden que la Corte Suprema “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley”
Rectores, docentes y estudiantes universitarios le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita” que el Gobierno Nacional siga “incumpliendo” con la aplicación de la normativa.
La Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado”, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64% del que tenía en enero de 2023”.
“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, remarcaron.
Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.
El Gobierno calificó a la Marcha Universitaria de “opositora”
El Gobierno Nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.
Mediante un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA) la gestión de Milei sostuvo que pretenden “instalar”, en la sociedad, un discurso en el que pretenden “desfinanciar” las universidades públicas o bien “cerrarlas”.
“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.
“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”, señala el texto.
Por último, subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso “inquebrantable” de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso “implicaría más impuestos” o mayor “emisión monetaria” y, por consiguiente, generaría “más inflación y más pobreza”.
