El Gobierno asegura que la Marcha Federal Universitaria está “influenciada por la política” y advirtió que continuará con las auditorías
El oficialismo ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores.
La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario volvió a escalar en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo. Mientras estudiantes, docentes, autoridades académicas y gremios reclamarán por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Casa Rosada insistieron en que la movilización tiene un fuerte componente político y ratificaron que continuarán las auditorías sobre las universidades públicas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezó este lunes una conferencia de prensa junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que defendieron la postura oficial frente al conflicto por el financiamiento educativo. Allí, el Gobierno buscó diferenciar el reclamo salarial docente -que consideró legítimo- de la convocatoria a la marcha, a la que vinculó con sectores opositores.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros podemos entender, pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política”, sostuvo Álvarez.
Pettovello defendió las auditorías del Gobierno a las universidades
Por su parte, Pettovello remarcó que el Gobierno no busca desmantelar la universidad pública, sino transparentar el uso de los recursos estatales. “No estamos en contra de la universidad pública ni queremos cerrar universidades. Queremos que la sociedad entienda cómo se utilizan los fondos públicos”, afirmó la ministra. En ese marco, defendió las auditorías impulsadas por el Ejecutivo y aseguró que continuarán para “desmitificar” el funcionamiento financiero de las casas de estudio.
El eje del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el año pasado. La norma contempla una actualización presupuestaria y salarial acorde a la inflación acumulada entre 2024 y 2025. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la ley carece de una fuente de financiamiento específica y que contradice la Ley de Administración Financiera.
Desde las universidades rechazan esa interpretación y recuerdan que la Justicia ya emitió dos fallos favorables a su postura. Actualmente, esperan una definición de la Corte Suprema. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó además que el oficialismo haya intentado derogar la ley en el proyecto de Presupuesto sin conseguir apoyo parlamentario.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió sobre el deterioro presupuestario. Su presidente, Franco Bartolacci, aseguró que las transferencias nacionales cayeron un 45,6% en términos reales desde fines de 2023. “Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, afirmó, y reclamó una mesa de diálogo entre el Gobierno, los gremios y las autoridades académicas para destrabar el conflicto.
