Medicamentos sensibles y alarmas internas: qué hay detrás del allanamiento a otra anestesista
Fue allanada en el marco de una investigación por el presunto robo de fentanilo. La causa se inició tras una denuncia interna y busca determinar posibles irregularidades en el manejo de medicamentos de uso controlado.

Un nuevo episodio vinculado al manejo de medicamentos sensibles dentro del sistema de salud público encendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires. Este lunes por la mañana, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante un allanamiento en el domicilio de una médica anestesista, investigada por el presunto robo de ampollas de fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay, ubicado en el partido de Vicente López.
El procedimiento se desarrolló en una vivienda de la localidad de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense, como parte de una investigación judicial en curso que busca determinar si existió un desvío irregular de medicación de uso hospitalario. Según pudo saberse, durante el operativo se secuestraron varias ampollas, algunas de ellas dañadas o rotas, aunque inicialmente no corresponderían ni a fentanilo ni a propofol, dos sustancias de alto control en el ámbito médico.
Una denuncia interna que activó la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de marzo por una autoridad directiva del hospital municipal. En la presentación judicial se alertó sobre inconsistencias en los registros de administración de medicamentos y la presunta desaparición de al menos dos ampollas de fentanilo, un potente analgésico opioide que se utiliza en contextos quirúrgicos y de cuidados intensivos.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la sospecha apunta a un posible “ardid administrativo” o manipulación en la documentación interna del hospital para retirar la sustancia sin dejar rastros inmediatos. A partir de esa denuncia, la causa quedó en manos de una fiscalía especializada, que ordenó una serie de medidas para reconstruir el circuito del fármaco dentro de la institución.

El rol de la Policía Federal y los peritajes en curso
El allanamiento fue realizado por personal de áreas especializadas en inteligencia criminal de la PFA, con experiencia en investigaciones relacionadas con narcotráfico y desvío de sustancias reguladas. El objetivo principal del operativo fue reunir evidencia que permita determinar si el medicamento salió efectivamente del hospital y, en ese caso, establecer responsabilidades penales.
Al momento del procedimiento, el conteo total de la medicación almacenada en el hospital aún no había finalizado. Ese relevamiento es considerado clave por los investigadores, ya que permitirá confirmar si existió un faltante concreto y si este coincide con los períodos en los que la profesional investigada prestaba funciones.
Sin imputación formal y con la investigación abierta
Hasta el momento, la anestesista no fue imputada formalmente ni detenida. Desde el ámbito judicial remarcan que la causa se encuentra en una etapa preliminar y que todas las medidas se están llevando adelante para verificar los hechos sin prejuzgar responsabilidades.
Como parte del expediente, también se tomó conocimiento de que el caso fue comunicado a la entidad profesional que nuclea a anestesiólogos en la región. Según trascendió, la médica habría dejado de estar vinculada a esa organización semanas antes de que se presentara la denuncia, aunque ese dato aún no fue incorporado oficialmente a la causa.

Preocupación por el control de drogas hospitalarias
El episodio vuelve a poner en el centro del debate los mecanismos de control sobre medicamentos de uso crítico dentro de los hospitales públicos. El fentanilo, por su potencia y riesgo de uso indebido, requiere protocolos estrictos de registro, almacenamiento y trazabilidad, y cualquier irregularidad en su manejo genera una fuerte preocupación tanto en el ámbito sanitario como en el judicial.
Fuentes del sistema de salud reconocen que, si bien existen normativas claras, los hospitales enfrentan desafíos operativos que pueden dejar grietas en los controles, especialmente en contextos de alta demanda y escasez de recursos.
Por ahora, la causa sigue en desarrollo y la fiscalía deberá definir en los próximos días si avanza con nuevas medidas probatorias o con una eventual imputación. Mientras tanto, el foco está puesto en esclarecer qué ocurrió con la medicación y si se trató de un hecho aislado o de una falla estructural en los circuitos de control interno.

















