Caso Magis TV: un fallo histórico obliga a Google a bloquear la aplicación en Android en Argentina
La Justicia de Argentina ordenó a desinstalar o inhabilitar la aplicación en todos los dispositivos para evitar la piratería.
Un fallo inédito en Argentina dio un paso decisivo contra la piratería y el streaming ilegal, ya que ordenó el bloqueo del dominio de Magis TV y los sitios asociados. Además, instruyó a Google a desactivar o inhabilitar la aplicación en dispositivos Android que operen con IP argentina, una medida sin antecedentes en el país.
La resolución fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) y quedó a cargo del juez Esteban Rossignoli, del Juzgado N.°4 de San Isidro. A diferencia de los bloqueos tradicionales de enlaces web, el fallo avanza directamente sobre la operatividad de la app, obligando a la empresa tecnológica a impedir su descarga y funcionamiento en territorio nacional.
La causa se enmarca dentro de la Operación 404, una investigación internacional iniciada en Brasil para combatir redes de piratería audiovisual. En Argentina, esta investigación incluyó el rastreo de canales de comercialización de Magis TV y hasta detenciones de personas acusadas de distribuir y vender este servicio.
La orden dirigida a Google resulta especialmente relevante porque implica que una compañía tecnológica de alcance global deba ejecutar acciones concretas sobre dispositivos individuales en cumplimiento de una decisión judicial local.
Qué es Magis TV y cómo funcionaba en Argentina
Magis TV ofrece acceso no autorizado a señales de televisión en vivo, películas y series protegidas por derechos de autor, sin contar con licencias oficiales. Según la legislación vigente, esta práctica constituye una violación a la propiedad intelectual, motivo por el cual las medidas judiciales buscan desarticular la infraestructura tecnológica que sostiene el servicio, tanto en la descarga como en su uso activo por parte de los usuarios.
Las investigaciones continúan y la fiscalía estima que el expediente podría avanzar hacia un juicio oral en 2026, con posibles consecuencias penales para quienes integraban la red de distribución ilegal. Mientras tanto, las autoridades buscan reforzar una estrategia integral contra la piratería digital, un fenómeno que afecta tanto al mercado legal como a la seguridad informática de los usuarios.
