A sacar los dólares del colchón: qué implica la media sanción de la Ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados
El Gobierno logró que su proyecto de Ley de Inocencia Fiscal sea aprobado por la Cámara de Diputados con media sanción. La idea del Gobierno es inyectar dólares en el mercado y simplificar los trámites administrativos que conllevan las ganancias.
La Cámara de Diputados dio media sanción al Proyecto de Inocencia Fiscal enviado por el Ejecutivo al Congreso. El mismo trata de un cambio en el Régimen Penal Tributario porque el Gobierno busca que los argentinos “saquen los dólares del colchón” y los vuelquen en el mercado. Se termina la “presunción de culpabilidad” que se produce cuando se gasta más de lo que se recauda y hasta el momento, permitía al Estado utilizar este dato como indicio de evasión.
Las modificaciones incluyen cambios en el impuesto a las ganancias para las personas físicas y tiene como objetivo reducir la carga sobre los contribuyentes, limitar la persecución penal y la discrecionalidad del organismo recaudador.
Punto por punto: qué dice el proyecto de Inocencia Fiscal que tuvo media sanción en Diputados
La declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla:
- Se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.
- El organismo de recaudación se encarga de hacer todo el trámite de constatar los movimientos bancarios y preparar la declaración jurada que luego será firmada por el usuario.
- La idea es liberar a las personas físicas de auditorías profundas si paga en tiempo y forma.
- Se produce además un cambio total en el Régimen Tributario Argentino; se termina la “presunción de culpabilidad” por cuentas inconclusas. En su lugar, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como evasión de impuestos.
Por otro lado, ARCA otorgará beneficios para el contribuyente cumplidor. En este sentido, el organismo tendrá 3 años en lugar de 5 para reclamar deudas viejas, y los montos mínimos para que una deuda pase a ser un delito penal se actualizarán por inflación.
Blanqueo de capitales
El Proyecto no es un blanqueo de capitales, no modifica el impuesto a las ganancias ni crea otro mecanismo específico para sacar los dólares del colchón e inyectarlos al mercado sin complicaciones.
No hay una exención de impuestos ni una tasa especial para declarar dólares guardados, pero sí ayuda la eliminación de la posibilidad que tenía ARCA de usar los incrementos patrimoniales no justificados como principio de una futura denuncia por evasión.
Cambian los plazos de la justicia fiscal
En cuanto a los plazos del fisco, el reloj no se detendrá una vez iniciada la inspección tributaria, pero sí deberán tener plazos acotados. Además, aparece el beneficio a utilizar sólo una vez que consta del la extinción de la acción judicial cuando el contribuyente pague su deuda antes de ser denunciado penalmente.
El texto modifica la Ley 11.683 de aplicación y percepción de impuestos redefiniendo los plazos. Los contribuyentes cumplidores tendrán el beneficio de la reducción del plazo de prescripción a tres años si no hay discrepancias significativas.
Asimismo, se propone armonizar los plazos de prescripción de los tributos provinciales y municipales con los establecidos a nivel nacional, con el objetivo de reducir la dispersión normativa entre jurisdicciones.
Críticas a la Ley de Compromiso Fiscal
Unión por la Patria había presentado un dictamen de minoría que incluía una regla para la sostenibilidad de la deuda externa. La propuesta establecía un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales. Además, incluía un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía.
La iniciativa redactada por Itai Hagman habilitaba al Estado a expandir el gasto en momentos críticos de la economía, en sintonía con la gran mayoría de países. “La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, señaló.
Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica y del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, embistió contra la regla fiscal que impulsa el Gobierno al calificarla como un “mamarracho jurídico constitucional”.
El legislador opositor consideró que “este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad” y evaluó: “Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue”, evaluó.