Estafa virtual: un cliente sufrió phishing, perdió sus ahorros y ahora un banco deberá devolverle 4 millones de pesos
El caso ocurrió en Tandil y tuvo origen el 14 de marzo de 2023, cuando un usuario sufrió una maniobra de phishing. El monto de la condena incluyó la devolución de los fondos sustraídos, una indemnización por daño moral y un daño punitivo.
Un juzgado bonaerense condenó a una entidad financiera a restituir fondos robados a un cliente víctima de una estafa virtual y a pagar una indemnización total superior a los $4 millones. La sentencia consideró que el banco incumplió su deber de seguridad al no detectar operaciones inusuales realizadas desde la banca digital.
El caso ocurrió en Tandil y tuvo origen el 14 de marzo de 2023, cuando un usuario sufrió una maniobra de phishing, luego de intentar realizar un pago con tarjeta de débito. Tras detectar que el plástico estaba vencido, el cliente buscó asistencia y terminó contactando a un número telefónico falso que simulaba pertenecer a la empresa emisora de la tarjeta.
Durante la comunicación, los delincuentes solicitaron datos personales, claves bancarias y códigos de token bajo el pretexto de solucionar el inconveniente. Con esa información, accedieron a la cuenta bancaria y realizaron cinco transferencias por un total de $574.000.
Qué dijo el banco en su defensa ante la demanda judicial
Según el expediente, el titular advirtió los movimientos pocos minutos después al intentar ingresar nuevamente al home banking. Luego de denunciar la situación, la entidad bloqueó la cuenta, aunque el reclamo inicial no tuvo respuesta favorable ni en la instancia administrativa ni en la investigación penal, que finalmente fue archivada.
Ante esa situación, el damnificado inició una demanda civil contra el banco. La entidad sostuvo en su defensa que el cliente actuó con negligencia al compartir datos sensibles fuera de los canales oficiales y afirmó que cumplía con las normas de seguridad exigidas por el Banco Central.
Sin embargo, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Tandil entendió que existió una relación de consumo y que el banco tenía una obligación objetiva de seguridad reforzada frente a este tipo de delitos digitales.
Por qué la Justicia responsabilizó a la entidad financiera
La sentencia tomó como prueba un informe pericial informático que confirmó que las transferencias fueron validadas con los datos aportados por el propio usuario. No obstante, también señaló que el sistema bancario no activó alertas ni bloqueos automáticos pese a tratarse de operaciones inusuales, realizadas a cuentas desconocidas y desde una dirección IP remota.
Para el juez, la ausencia de mecanismos de prevención adecuados constituyó un incumplimiento del deber de seguridad. El fallo remarcó que, frente al crecimiento de las estafas virtuales, las entidades financieras deben implementar herramientas más sofisticadas, como validaciones biométricas o controles contextuales.
La resolución sostuvo además que la entrega de datos por parte del cliente no fue la causa determinante del daño, sino una condición que pudo ser aprovechada debido a las fallas de protección del sistema.
Cuánto deberá pagar el banco tras el fallo judicial
El monto de la condena incluyó la devolución de los fondos sustraídos, una indemnización por daño moral y un daño punitivo fijado en $2 millones. En total, la suma asciende a $4.074.000, más intereses y actualización hasta el efectivo pago.
El tribunal también valoró el impacto emocional sufrido por el cliente, quien atravesó angustia y pérdida de confianza en el sistema bancario, especialmente porque el dinero estaba destinado a gastos vinculados con salud y planificación familiar.
Además, el fallo destacó que los bancos obtienen beneficios económicos del uso de plataformas digitales y, por lo tanto, no pueden trasladar todos los riesgos de las operaciones electrónicas a los usuarios.
La sentencia declaró nulas las transferencias realizadas durante el fraude y ordenó su reintegro. La entidad tendrá diez días para cumplir con el pago una vez que la resolución quede firme, además de asumir las costas judiciales y los honorarios profesionales del proceso.
