Investigan a SURCOS S.A. por presunta estafa financiera
La empresa santafesina quedó en el centro de una doble investigación: por un lado, un concurso preventivo con cifras millonarias y cientos de acreedores que reclaman deudas impagas; y una investigación penal por una presunta estafa financiera vinculada a la emisión de deuda en el mercado.
La empresa santafesina SURCOS S.A., dedicada al negocio de insumos agropecuarios, quedó en el centro de una doble investigación: por un lado, un concurso preventivo con cifras millonarias y cientos de acreedores que reclaman deudas impagas; y una investigación penal por una presunta estafa financiera vinculada a la emisión de deuda en el mercado.
Un reciente informe de los síndicos del concurso permitió dimensionar la magnitud del caso. Allí se determinó una masa concursal compuesta por más de 56.000 millones de pesos; 51.4 millones de dólares y 5.303 euros. A esto se suman acreencias no concurrentes por 29.592 millones de pesos.
SURCOS S.A. no es una empresa aislada, sino un conglomerado empresario con ramificaciones locales e internacionales, controlado principalmente por la familia calvo. E grupo empresario está distribuido entre:
- Sebastián Calvo (40,28%)
- Carlos Hugo Calvo (30,93%)
- Surcos International LLC (21,05%)
- Luisa maría Monsalvo (7,73%)
A partir de allí, los síndicos reconstruyeron un entramado que se expande a múltiples sociedades locales e internacionales.
Según los síndicos, este esquema revela una estructura de control concentrado, con reiteración de los mismos nombres —principalmente sebastián y carlos hugo calvo— en roles de accionistas y directores.
Este esquema permitió, según los síndicos, consolidar una dirección unificada durante más de dos décadas, con decisiones estratégicas concentradas en la familia controlante.
La Justicia Federal también investiga a SURCOS S.A. por una posible estafa financiera. La causa apunta a una maniobra concreta: la emisión de obligaciones negociables en octubre de 2024, en un contexto financiero crítico que, según la fiscalía, no habría sido debidamente informado a los inversores. Es decir, que la familia calvo los habría engañado en su buena fe.
De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre de 2024 el presidente de la firma, Sebastián Calvo, emitió obligaciones negociables por hasta 100 millones de dólares.
La sospecha de la Justicia es que esa emisión se realizó oultando factores de riesgo clave y en medio de un fuerte descalce financiero con problemas de liquidez frente a vencimientos inmediatos.
Ese escenario se confirmó poco después: la empresa incumplió pagos de pagarés bursátiles y finalmente solicitó el concurso preventivo. La fecha de cesación de pagos fue fijada judicialmente el 28 de noviembre de 2024. Es decir, 29 días después
El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, investiga si la empresa incurrió en un delito al ofrecer instrumentos financieros disimulando u ocultando hechos verdaderos o “afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.
Es decir, la posible maniobra consistiría en haber captado fondos del mercado sin reflejar la real situación económica de la compañía, lo que podría configurar una estafa a inversores. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal abrió una convocatoria pública para identificar a las víctimas entre quienes adquirieron esos títulos de deuda.
Mientras los síndicos avanzan en reconstruir el mapa del grupo y sus relaciones internas, la Justicia Federal intenta establecer si detrás del colapso financiero hubo una maniobra deliberada.
