Pesca ilegal y una alianza que preocupa a la Argentina: crece el uso de puertos chilenos por parte de la flota china
Mientras crecen las denuncias por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y otras áreas del Atlántico Sur, Chile se convirtió en el nuevo centro logístico para la flota pesquera de aguas distantes de China.
En un giro geopolítico que plantea serias implicancias ambientales, económicas y diplomáticas para la región, hasta 600 embarcaciones chinas operan simultáneamente frente a las costas sudamericanas, subsidiadas con millones de dólares por el gobierno de Pekín.
Un aspecto peligroso de esta situación es que, además de estar denunciadas por pescar en zonas prohibidas, estas naves fueron vinculadas a múltiples irregularidades: violaciones a derechos laborales, trabajo forzado, violencia física a tripulaciones y capturas ilegales de especies protegidas.
Entre los buques que recalaron en Chile figuran el Fu Yuan Yu 7871 y el Fu Yuan Yu 7872, pertenecientes a armadores sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia sexual. Estas naves, que en 2021 recibieron más de USD 19 millones en subsidios estatales chinos, fueron detectadas transportando miles de tiburones —incluidas especies protegidas— y practicando aleteo, una actividad prohibida en gran parte del mundo.
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La presencia de estas embarcaciones en puertos chilenos impacta directamente en la competitividad de la pesca nacional: mientras los pescadores locales cumplen estrictas regulaciones laborales y ambientales, la flota extranjera opera con costos subsidiados y sin los mismos controles.
Chile desplaza a Perú y Uruguay como aliado clave de China en puertos sudamericanos
Durante años, puertos como El Callao (Perú) y Montevideo (Uruguay) fueron nodos clave para la flota china. Sin embargo, tras un endurecimiento de los controles peruanos entre 2018 y 2024 por incursiones ilegales, el acceso de estos barcos se redujo drásticamente.
En paralelo, puertos chilenos como Arica e Iquique registraron un aumento inédito: de 0 ingresos en 2023 a 25 en 2024, mientras Perú pasó de 61 a 0.
De este modo, Chile, que ratificó el Tratado de Alta Mar (BBNJ) y aspira a albergar su Secretaría, ahora facilita el aprovisionamiento, mantenimiento y descarga de una flota señalada por depredar ecosistemas marinos.
