A ocho meses de su detención, la esposa del gendarme argentino en Venezuela denunció que solo recibió “silencio”
Nuevamente, Maria Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo -el gendarme detenido en Venezuela- reclamó la libertad de su esposo y denunció ante la Cámara de Diputados que las autoridades del gobierno venezolano llevaron a cabo una “desaparición forzada” de una persona que “es inocente”.
La mujer habló frente a la Comisión de Derechos Humanos, en una jornada en la que fueron acogidos activistas de derechos humanos y familiares de detenidos políticos en Venezuela.
La denuncia de la esposa del gendarme argentino sobre su detención: “Solo hemos recibido silencio”
La esposa de Gallo denunció que “no existe expediente de Nahuel en Venezuela, solo hemos recibido silencio del gobierno venezolano y de la comunidad internacional”.
Y también denunció “la desaparición forzada de Nahuel y el silencio y la complicidad de muchas personas en torno a la política aquí en Argentina, que ni siquiera repudian el acto”.
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Asimismo, describió que buscó a su esposo durante cinco meses en las cárceles de Venezuela pero que no consiguió ningún resultado y que “no encontraron ninguna orden de aprehensión, causa abierta, registro en tribunales, expediente del caso de Nahuel no existe. Nahuel sólo existe para esa Justicia dentro de su propia injusticia”.
Además, describió que desde enero el caso “cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Además, la ONU la define como una desaparición forzada, por lo que en los últimos meses hicieron “reiteradas llamadas de atención a Venezuela, que han sido ignoradas”.
“Ustedes son una puerta de esperanza a esta lucha hasta que sea libre”, manifestó Gómez respecto de la Comisión de Derechos Humanos.
También tomó la palara la ex embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta Gamus, quien señaló que “actualmente hay más de 900 personas inocentes que sufren tortura a mano de la dictadura, se registran más de 2500 detenciones arbitrarias, centenares de casos de torturas y decenas de asesinatos en protestas. La CIDH ha calificado esta situación como terrorismo de Estado”.
