Luis Arce, detenido en La Paz: el expresidente de Bolivia está acusado de corrupción

La causa relacionada con el Fondo Indígena es considerada uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bolivia. Tanto que terminó con la detención de un exmandatario.

El expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunta corrupción.
El expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunta corrupción. Foto: EFE

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, en el marco de una causa abierta por corrupción relacionada con el Fondo Indígena. La Fiscalía sostiene que, durante su gestión como ministro en el gobierno de Evo Morales (2006-2019), Arce estuvo involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas.

Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Bolivia. El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) manejaba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, destinado a impulsar proyectos productivos en áreas rurales. Esa estructura buscaba incorporar la representación indígena y campesina dentro del Estado, pero terminó derivando en una estructura con controles débiles y una alta discrecionalidad en el uso de los recursos: entre 2006 y 2014 gestionó alrededor de 460 millones de dólares.

Luis Arce, presidente de Bolivia
Luis Arce, expresidente de Bolivia.

El directorio del Fondo estaba integrado por varios ministerios -entre ellos el de Economía, entonces a cargo de Arce- y por organizaciones sociales vinculadas al partido Movimiento al Socialismo (MAS). Según la investigación, durante su gestión como ministro Arce habría autorizado transferencias de fondos estatales a cuentas privadas, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.

Las irregularidades salieron a la luz en 2015, cuando la Contraloría General del Estado identificó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño económico estimado en 10 millones de dólares. Auditorías posteriores ampliaron las observaciones a más de 1.000 proyectos y elevaron el monto del perjuicio a más de 182 millones de dólares.

Luis Arce y una causa abierta por corrupción relacionada con el Fondo Indígena

Las pesquisas revelaron un esquema extendido de desembolsos efectuados sin los informes técnicos ni financieros exigidos, transferencias a cuentas personales de dirigentes y maniobras de fraccionamiento que vulneraban la normativa. A ello se sumó la aprobación de proyectos sin los expedientes mínimos o sin comprobaciones de avance, prácticas que terminaron por hundir la credibilidad del Fondo y dejaron expuestas fallas estructurales en la administración del dinero público.

El panorama se deterioró aún más en 2014, un año electoral crucial para el MAS. Pese a que el Fondo arrastraba deudas que superaban los 310 millones de bolivianos, se liberaron recursos por otros 575 millones. Denuncias posteriores afirmaron que una parte de esos fondos habría sido desviada hacia actividades proselitistas -como movilizaciones masivas-, lo que incrementó la presión política y derivó en la intervención del Fondo al año siguiente.

Bolivia, desalojan violentamente a simpatizantes del MAS mientras hacían campaña en una plaza, REUTERS
Simpatizantes del MAS en Bolivia. Foto: Reuters

El caso tomó un giro decisivo con la denuncia presentada por el entonces director ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, quien señaló la existencia de proyectos ficticios, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Su detención y muerte bajo custodia estatal desataron un debate nacional sobre las responsabilidades institucionales y el eventual uso político de la justicia penal.

La investigación que hoy implica a Arce se fundamenta en su rol dentro del directorio del Fondo y en las decisiones administrativas adoptadas durante los años en los que, según la Fiscalía, se consolidó el esquema irregular. Los fiscales buscan establecer si el entonces ministro incurrió en omisiones o avaló disposiciones que facilitaron el desvío de fondos, aunque por ahora no existe un cálculo oficial del daño que podría atribuírsele de forma directa.