Estado de sitio en Guatemala: la medida fue tomada tras el asesinato de 8 policías en un motín de cárceles
El presidente Bernardo Arévalo de León explicó que el asesinato de los policías fue una represalia por la decisión de las autoridades de retomar el control de tres cárceles este domingo. El anuncio lo hizo en una cadena nacional tras los hechos de violencia.
Guatemala vivió este domingo una ola de violencia causada por presuntos pandilleros que asesinaron a ocho policías, tras varios motines en las cárceles del país, por lo que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, decretó un estado de sitio.
El mandatario, que tras los episodios de violencia apareció en cadena nacional para anunciar la medida, detalló que el asesinato de los policías se registró como represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres cárceles este domingo, después de los motines protagonizados por parte de presos este sábado.
Ante esta situación, Arévalo declaró el estado de sitio durante 30 días, lo que permite a las autoridades arrestar y detener a cualquier persona sin orden judicial.
El problema entre el Gobierno y las pandillas se originó en el segundo semestre de 2024 después de que el presidente ordenara que los líderes de las estructuras criminales fueran trasladados a una cárcel de alta seguridad en el sur del país, sin los privilegios que gozaban con administraciones anteriores.
Esta prisión, llamada “Renovación I”, fue una de las que registró motines este sábado, con toma de rehenes (agentes del Sistema Penitenciario) incluida. Algunos presos indicaron públicamente que las condiciones en las que se encontraban no eran adecuadas, además de instar a una rebelión en contra de Arévalo.
Cárceles controladas tras motín en Guatemala
El Gobierno consiguió este domingo por la mañana volver a tomar por la fuerza el control de la cárcel “Renovación I” y rescató a los rehenes.
Horas después, en una operación coordinada en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, presuntos pandilleros atacaron a balazos a miembros de la Policía Nacional Civil, y asesinaron a ocho agentes en total.
Tras anunciar el estado de sitio, el presidente subrayó durante su mensaje a la nación que no permitirá que “la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”. Arevalo aseguró además que la estrategia “contra los criminales está teniendo éxito” y por ello “están desesperados”.
Por su parte, la Policía Nacional Civil indicó que se “neutralizó” al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín en ‘Renovación I’, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.
Ochoa es uno de los líderes criminales que el año pasado fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad. Estos traslados se realizaron a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca, presuntamente a manos de miembros de la “Mara Salvatrucha”, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’, acribillado el 28 de julio.
Los ataques con armas de fuego causaron que las clases fueran suspendidas para este lunes en el ámbito público y privado, aunque el presidente puntualizó que el Gobierno espera que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio.
Los ataques llegan en un año crucial para Guatemala, ya que en los próximos meses se definirá al sustituto de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción desde hace cuatro años por la Unión Europea y Estados Unidos.
En su mensaje, Arévalo puntualizó que se sabe “quiénes están detrás, que son grupos que se benefician de la corrupción, que crecen en las sombras”, que “resisten y buscan infundir terror” porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, en referencia al cambio de fiscal general programado para mayo, además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
Según diversos analistas, esta nueva ola de violencia tendría como objetivo generar caos entre la población y evitar que avancen los procesos de cambio de autoridades judiciales como establece la ley.
