6 claves del conflicto en Bolivia: qué alimentó la crisis del gobierno de Rodrigo Paz a seis meses de asumir
Las demandas iniciales por salarios, combustibles y reformas agrarias derivaron en una profunda crisis institucional en Bolivia, donde diversos sectores de la sociedad exigieron la dimisión del mandatario en un escenario incluyó bloqueos de rutas internacionales, detenciones masivas y un fuerte cruce diplomático en la región.
El gobierno de Bolivia enfrenta una compleja situación política y social que comenzó a principios del mes de mayo de 2026 con manifestaciones sectoriales detonadas por reclamos de recomposición salarial, deficiencias en el suministro de combustibles y el rechazo a una reforma de tierras. Esto escaló con rapidez hasta transformarse en una crisis de gobernabilidad con pedidos de renuncia dirigidos al presidente Rodrigo Paz, quien asumió el Poder Ejecutivo hace apenas seis meses.
Las protestas y los bloqueos de rutas derivaron en episodios de violencia en la ciudad de La Paz y profundizaron las dificultades económicas de gobierno boliviano que si bien recibió el respaldo explícito de Estados Unidos y de diversos mandatarios regionales, debió afrontar en paralelo un conflicto diplomático con Colombia debido a expresiones del presidente Gustavo Petro que la cancillería boliviana calificó de “injerencia”.
Las 6 claves para comprender la tensión en Bolivia: qué pasó con el presidente Rodrigo Paz
1. El detonante de la reforma agraria
Una columna de campesinos y pueblos origniarios de la Amazonía marchó durante 24 días desde la región norteña de Pando para arribar a La Paz a comienzos de mayo, donde exigieron la derogación de la Ley 1720. Los manifestantes argumentaron que dicha normativa, centrada en la reclasificación de pequeñas propiedades a medianas para el acceso al crédito, facilitaba la concentración de tierras en favor de empresarios agrícolas.
Pese a que el presidente Paz dejó sin efecto la ley el pasado 13 de mayo, la medida solo contuvo el reclamo amazónico manteniéndose los cortes de rutas activados por los sindicatos aimaras en el altiplano.
2. La ampliación del pliego de reclamos económicos
La Central Obrera Boliviana (COB) profundizó el conflicto al presentar un pliego con más de 200 exigencias, entre las cuales se destacan:
- Un incremento salarial del 20%
- Mecanismos de control sobre la inflación -la cual registró un 20,4% anual en 2025 y un acumulado del 14,18% a abril de 2026-
- La garantía de no privatizar corporaciones estatales en crisis financiera
La huelga por tiempo indeterminado declarada por la central no logró paralizar la actividad, pero consolidó marchas diarias de docentes, mineros y obreros fabriles. Frente a este escenario, el gobierno boliviano rechazó el aumento general, aunque selló acuerdos económicos específicos con maestros y cooperativistas mineros.
3. La politización del conflicto y las acciones judiciales
El escenario mutó formalmente hacia una crisis política el 6 de mayo, fecha en la que el líder de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y la Federación de Campesinos Tupac Katari, suscribieron un pacto para exigir la dimisión del jefe de Estado.
En respuesta a los cortes de rutas hacia Perú y Chile, la Fiscalía General emitió órdenes de aprehensión contra Argollo y otros dirigentes bajo cargos de instigación pública a delinquir y terrorismo, mientras las autoridades responsabilizaron a los manifestantes por el fallecimiento de tres mujeres que no pudieron recibir asistencia médica oportuna a causa de los piquetes.
4. El factor Evo Morales
Una movilización compuesta por centenares de adherentes al expresidente Evo Morales partió el 11 de mayo desde Caracollo para recorrer 190 kilómetros con destino a la sede de gobierno, donde manifestaron su rechazo a las reformas oficiales en áreas estratégicas.
La marcha se inició en un contexto marcado por la emisión de una segunda orden de captura contra Morales, dictada tras su inasistencia a un proceso judicial donde permanece imputado por el presunto delito de trata de personas agravada, vinculado a una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial entre 2015 y 2016.
5. El fracaso de los operativos de despeje
Las fuerzas de seguridad y efectivos militares desplegaron una operación el 16 de mayo con el propósito de establecer un corredor humanitario en las rutas troncales, pero los manifestantes reinstalaron los piquetes luego de enfrentamientos en los accesos y en la vecina ciudad de El Alto.
La tensión se incrementó el 18 de mayo al ingresar la columna civil a los cascos urbanos de La Paz, produciendo severos destrozos en dependencias públicas y privadas durante una jornada de choques con las fuerzas policiales que culminó con más de 120 personas arrestadas.
6. Las repercusiones en el plano internacional
El Departamento de Estado de Estados Unidos encuadró las movilizaciones como un intento de desestabilización institucional contra el presidente Paz, quien previamente había cosechado el aval de las administraciones de Argentina, Chile y Paraguay.
Respecto a la posición norteamericana, el secretario de Estado, Marco Rubio, fijó la postura oficial este miércoles 20 y dijo: “Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”.
En la vereda opuesta, el presidente de Colombia Gustavo Petro describió los hechos como una “insurrección popular”, un posicionamiento que provocó la inmediata expulsión de la embajadora de Colombia en La Paz.
