Crisis política y social en Bolivia: el Gobierno de Rodrigo Paz denunció ante la OEA un intento de “desestabilización”
La presentación fue realizada ante el Consejo Permanente del organismo hemisférico en Washington por el vicecanciller Carlos Paz Ide, quien describió un contexto de “conflictividad social compleja” atravesado por problemas económicos estructurales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) recibió este miércoles una denuncia formal de Bolivia sobre un presunto escenario de “desestabilización” contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis política y social que, según las autoridades bolivianas, ya supera los 20 días de conflicto y mantiene cercada a La Paz con fuertes consecuencias económicas y humanitarias.
La presentación fue realizada ante el Consejo Permanente del organismo hemisférico en Washington por el vicecanciller Carlos Paz Ide, mientras que el canciller Fernando Aramayo intervino de manera virtual para exponer la posición oficial del Ejecutivo boliviano.
Bolivia pidió respaldo político de la OEA ante la crisis interna
Durante su exposición, Aramayo solicitó el respaldo político regional y pidió el acompañamiento del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con el objetivo de “contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación de la institucionalidad y la paz social” en Bolivia.
El canciller también reclamó al sistema interamericano una condena contra “toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado”, y sostuvo que la población civil es la principal afectada por la escalada del conflicto.
Más de 60 bloqueos afectan el abastecimiento y los servicios en Bolivia
En su intervención ante el organismo, Paz Ide describió un contexto de “conflictividad social compleja” atravesado por problemas económicos estructurales, entre ellos la caída de los ingresos hidrocarburíferos, la disminución de las reservas internacionales, la presión inflacionaria y las tensiones fiscales.
El vicecanciller afirmó que el Gobierno reconoce el derecho a la protesta pacífica, aunque advirtió que “ningún derecho es absoluto” cuando afecta garantías fundamentales de terceros. Según detalló, en las últimas semanas se registraron más de 60 bloqueos en rutas estratégicas de la red vial nacional, situación que provocó complicaciones en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.
El Gobierno boliviano denuncia intentos de erosión institucional
Paz Ide sostuvo también que el Ejecutivo observa con preocupación intentos de “instrumentalizar la conflictividad social con fines de erosión institucional y desestabilización política”. En esa línea, alertó sobre una supuesta convergencia entre mecanismos de presión extrema y actores vinculados a economías ilícitas.
La posición del Gobierno boliviano coincide con declaraciones recientes del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien había advertido sobre la presunta presencia de organizaciones ligadas al narcotráfico y crimen organizado en el marco de la crisis.
Bolivia declaró “persona non grata” a la embajadora de Colombia
El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró este miércoles “persona non grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, y solicitó el cese de sus funciones diplomáticas, luego de las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre la situación social y política en Bolivia.
Petro había manifestado su disposición a colaborar en una salida pacífica para la “crisis política” del país vecino y afirmó en su cuenta de X que “Bolivia vive una insurrección popular”, según consignaron los diarios paceños ‘El Deber’ y ‘La Razón’.
La Cancillería boliviana rechazó los dichos del presidente colombiano al considerar que resulta “improcedente” cualquier injerencia en asuntos internos de otro Estado.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que la decisión de apartar a la diplomática colombiana responde a la necesidad de preservar los “principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”.
