"Dicha ley aumenta el cierre del espacio cívico, tomando represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana", expresaron desde las organizaciones.
Por Canal26
Lunes 15 de Enero de 2024 - 07:23
Una ley discutida en el Parlamento podría dejar sin efecto la existencia de asociaciones civiles independientes en Venezuela.
Se trata de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, una temida iniciativa que podría perjudicar el desempeño de las asociaciones civiles en ese país.
El proyecto inicial de esta ley, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
El proyecto fue ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales, que manifestaron que con ella se busca "criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional".
A finales de enero de 2023, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un "amplio proceso consultivo" sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.
La ley podría entrar en vigor este año, que es electoral en Venezuela. “Es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión”, afirmaron durante la sesión de debates.
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En su cuenta de X (antes Twitter), la ONG Fundaredes aseguró que este proyecto, "viola el derecho humano a la libertad de asociación" a través de sanciones sujetas a requisitos "desproporcionados" y sin criterios definidos de evaluación.
"Dicha ley viola el derecho humano a la libertad de asociación, aumenta el cierre del espacio cívico, tomando represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana, quebrantando los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por el Estado y la Constitución", dijo.
En la misma red social, la organización Encuentro, Justicia y Perdón recordó que la aprobación de esta norma, que dejaría a las ONG "en una situación de inseguridad jurídica indefinida", ya fue rechazada por unos 500 grupos de este tipo que se pronunciaron en conjunto contra el instrumento legal.
Otras organizaciones que se pronunciaron fueron Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, quienes insistieron, también en X, en que la norma va en contra de estándares internacionales y es desconocida para la ciudadanía.
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