Escándalo en hospitales: qué medidas tomó la Asociación de Anestesia tras las denuncias por drogas robadas
La Asociación de Anestesia aseguró que aplicó controles internos, asistencia profesional y denuncias judiciales tras detectar irregularidades por el presunto robo de anestésicos en hospitales.
El sistema de salud argentino atraviesa horas de máxima tensión luego de que salieran a la luz denuncias por el presunto desvío de medicamentos anestésicos de hospitales públicos y privados, un caso que derivó en investigaciones internas, presentaciones judiciales y controles reforzados en residencias médicas y servicios de anestesiología.
En el centro de la polémica quedó la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, que confirmó haber intervenido antes de que se conociera la muerte de un joven anestesista, cuyo fallecimiento terminó de exponer una trama mucho más amplia de la que se tenía conocimiento inicialmente.
Cómo se detectó el caso y cuándo comenzó la investigación
Según explicaron desde la entidad profesional, el primer alerta surgió a mediados de febrero, cuando compañeras de residencia de una médica del Hospital Italiano notaron comportamientos preocupantes y situaciones compatibles con consumo problemático de sustancias. Esa información derivó en una denuncia interna dentro del hospital y, posteriormente, en el aviso formal a la Asociación de Anestesia.
A partir de ese momento, la institución recibió a la profesional involucrada, activó los protocolos de acompañamiento y comenzó a citar a otras personas que podrían haber tenido relación con los hechos. En una primera etapa, el foco estaba puesto en un posible consumo individual, sin que existiera todavía una conexión clara con robos de medicamentos o con otros casos similares.
El impacto de la muerte del anestesista y el giro del caso
El escenario cambió drásticamente cuando se conoció la muerte de Alejandro Salazar, anestesiólogo de 29 años y exresidente de hospitales porteños, cuyo fallecimiento fue atribuido a una sobredosis de fármacos anestésicos. En ese momento, las autoridades aclararon que no había información que permitiera vincular ambos episodios.
Sin embargo, en reuniones posteriores comenzaron a surgir menciones sobre encuentros privados en los que se habrían utilizado drogas hospitalarias con fines recreativos, lo que llevó a la Asociación a tomar una decisión clave: presentar una denuncia penal, incluso sin contar aún con una acusación formal completa.
“Frente a comentarios que no podían ser ignorados, resolvimos avanzar judicialmente y acompañar las denuncias que también se hicieron desde las instituciones de salud”, explicaron desde la entidad profesional.
El origen de las drogas y la trazabilidad
Con el avance de la investigación, se pudo establecer que los medicamentos secuestrados tenían trazabilidad correspondiente al Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que abrió una pesquisa paralela dentro del centro de salud y derivó en la desvinculación de profesionales sospechados de haber participado en el circuito de robo y distribución de las sustancias.
El hospital realizó su propia denuncia ante la Justicia y activó auditorías internas para determinar cómo los anestésicos salieron del circuito legal.
Controles sorpresivos y medidas preventivas
Desde la Asociación de Anestesia remarcaron que cuentan con más de 400 residentes y alumnos bajo su órbita y que desde hace años aplican controles toxicológicos sorpresivos, evaluaciones periódicas y seguimiento académico y profesional.
“Se realizan análisis de orina, exámenes de desempeño y evaluaciones de los servicios donde trabajan. Hasta ahora, quienes estaban involucrados tenían antecedentes académicos intachables”, señalaron desde la conducción de la entidad, al tiempo que reconocieron que el caso obliga a revisar y reforzar los mecanismos de control existentes.
Un caso que sacude al sistema de salud
El escándalo puso bajo la lupa la seguridad en el manejo de medicamentos críticos, el estrés en las residencias médicas y la necesidad de contar con redes de contención y prevención de consumos problemáticos dentro del sistema sanitario.
Mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades penales, las asociaciones profesionales y los hospitales buscan cerrar brechas internas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. El caso, todavía en desarrollo, promete tener derivaciones tanto judiciales como institucionales en los próximos meses.
