La UBA irá a la Justicia para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, en reclamo por la suspensión de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior, que instruyó al rector a avanzar con las medidas legales necesarias para exigir la implementación inmediata de la norma.
El conflicto surge luego de que el Gobierno promulgara la ley, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero suspendiera su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
Para la comunidad universitaria, esta medida representa una vulneración directa de la autonomía y del principio de división de poderes. En palabras de la resolución aprobada, “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
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El texto subraya que la decisión del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La UBA fundamentó su postura en la situación de emergencia económica que atraviesan las universidades nacionales. Según la resolución, “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
El Consejo recordó además que la institución “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria”, destacando que la ley aprobada busca “garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
En otro tramo del documento, se advierte que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”. La UBA considera que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
La resolución exige al Poder Ejecutivo la “efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario”, reclamando la asignación urgente de los recursos presupuestarios correspondientes.
El reclamo de la UBA se da en un contexto de tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional, que en los últimos meses enfrentó múltiples críticas por el deterioro presupuestario del sistema educativo superior.
