La Justicia ordenó a ANDIS devolver todas las pensiones suspendidas: el fallo vinculado con el caso Spagnuolo
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca hizo lugar a un amparo colectivo y determinó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actuó sin sustento legal al suspender beneficios. La medida alcanza a miles de titulares en todo el territorio nacional.
La Justicia definió que la ANDIS (Agenda Nacional de Discapacidad) actuó irregularmente y deberá pagar las pensiones retenidas. La sentencia ordena que el organismo deberá pagar el dinero en un plazo de 24 horas y la medida se extiende a todo el país.
En medio de las indagatorias por la causa Spagnuolo, el Juzgado Federal N°2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el defensor del Pueblo provincial.

La denuncia se debe a que, desde julio, gran parte de los titulares de las pensiones vieron suspendidos sus beneficios sin notificación previa ni oportunidad de defensa. Además se cuestiona la implementación de auditorías médicas.
Frente a los cuestionamientos, la ANDIS respondió que su accionar se enmarca en los decretos 698/2017 y 843/2024. Además, argumentó que las auditorías realizadas fueron correctamente notificadas y que las suspensiones correspondían a casos donde no se pudo acreditar los requisitos médicos necesarios.
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La sentencia definitiva que se publicó este jueves 20 de noviembre confirmó que la ANDIS no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que establecieran las bajas, por lo que la Justicia determinó que actuó sin sustento jurídico para cortar las prestaciones.
Para concluir, el magistrado confirmó que las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser retenidas a través de un procedimiento regular.

Cuántas pensiones de discapacidad eliminó el gobierno de Milei
El Gobierno eliminó las pensiones de 65.230 personas por supuestas irregularidades. En el informe oficial se justificó el recorte asegurando que el 60% de las personas en cuestión no habrían presentado la revisión médica.
Además, 8.207 habrían renunciado a la pensión de manera voluntaria y otras 6.643 se dieron de baja por fallecimiento de sus titulares De esta manera, el Estado dejó de abonar 80.080 pensiones y ahorró mensualmente $23.000.000














