Ley de Emergencia en Discapacidad en marcha: que decisión tomará el Gobierno con la pediátrica y universitaria
El Gobierno se muestra en una tensión constante puertas adentro por la promulgación de las leyes de emergencia en distintas áreas que salieron aprobadas en el Senado por no haber establecido de dónde vendrían los fondos.
Con la reglamentación de la Emergencia en Discapacidad, aguardan la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, ya que se encuentran promulgadas pero no todavía no fueron aplicadas. Mientras evalúan alternativas para lograr derogarlas bajo el argumento que impacta sobre la intención del déficit fiscal cero, entienden que hacerlo podría “interferir en la división de poderes”.
“Si nos obligan vamos a reglamentar”, sentenciaron desde la administración libertaria a Infobae. Además, dijeron que no planean “incumplir los deberes de funcionarios públicos al incumplir un fallo”.
Cómo fue la promulgación de la Emergencia en Discapacidad
El Gobierno reiteró que “la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo ni ceder en la disputa legal sino que responde a una decisión política de respetar la división de poderes”. El decreto reglamentario no presta conformidad con los fundamentos, aunque de todos modos, fue redactado por la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy.
A pesar de advertir sobre el posible impacto de las leyes en la cuentas del Estado, la catarata de amparos y cautelares de la Justicia obligaron al Gobierno a avanzar para cumplir la orden judicial. “Si la Justicia falla, más allá de que estemos de acuerdo o no, vamos a acatar”, aclararon desde el oficialismo sobre la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales.
Cuál es la situación de las universidades y la salud pediátrica
El camino de las leyes N° 27.795 y N° 27.796, que fijan un nuevo régimen de financiamiento para las universidades y declaran la emergencia sanitaria en la salud pediátrica, fue extenso, zigzagueante y aún parece inconcluso. Sancionadas a fines de agosto de 2025, las normas fueron vetadas por el Ejecutivo, pero el Congreso rechazó esa decisión y ratificó los textos originales.
En octubre, el Gobierno terminó promulgándolas, aunque suspendió su aplicación a la espera de que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. La ofensiva oficial se retomó en diciembre, cuando el Ejecutivo intentó avanzar con la derogación de ambas leyes al incorporarlas al capítulo XI del Presupuesto 2026. La maniobra generó fuertes cuestionamientos de la oposición y también resistencias dentro de los propios aliados oficialistas, que lograron aprobar la previsión presupuestaria sin el capítulo objetado, finalmente descartado en la votación en particular.
El debate puertas adentro del oficialismo
El Gabinete cuenta con una pluralidad de voces que confluye en amplios debates, donde la mayoría considera que avanzar en búsqueda de derogar las leyes ya sancionadas sería contraproducente y poco estratégico. “Es imposible avanzar con el tema. Simplemente no sale. Hasta los aliados están en contra. Además, tampoco nos vamos a anotar una victoria política con este tema. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año que es un plazo corto”, sentenciaron fuentes gubernamentales.