Acuerdo de Escazú: el tratado ambiental que protege a los activistas y fue ratificado por Argentina se debate esta semana en la COP4 en Bahamas
El tratado internacional que involucra a 24 países latinoamericanos promueve la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esta semana se debaten puntos clave. En Argentina denuncian incumplimientos.
El Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vive un momento clave. Del 21 al 24 de abril de 2026, se celebra en Nassau, Capital de Bahamas la cuarta Conferencia de las Partes de este pacto (COP 4) para delinear el futuro de la justicia ambiental en la región.
Adoptado en Costa Rica en 2018 (debe su nombre a la ciudad costarricense donde se firmó), el acuerdo fue ratificado por Argentina en 2020 y entró en vigor en 2021.
Entre sus objetivos está garantizar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones climáticas y ambientales
Además, el tratado promueve la protección de las personas, grupos y organizaciones defensoras del ambiente, un tema crítico en la región más peligrosa del mundo para el activismo ecológico.
Los ejes del debate de la COP 4 del Tratado de Escazú
La agenda de esta cumbre está cargada de temas técnicos y políticos que buscan transformar las promesas del papel en acciones territoriales. Los ejes principales son:
1. Perspectiva de género
El objetivo es reconocer el rol diferencial de las mujeres en la gestión de recursos y asegurar su liderazgo en la defensa del territorio.
2. Acceso a la Justicia y cooperación
Se revisarán los avances en la creación de defensorías y tribunales especializados. Muchos países de la región aún carecen de jueces capacitados en derecho ambiental, por lo que la cooperación regional para el fortalecimiento de capacidades será clave.
3. Plan de acción para defensores
Se evaluarán los mecanismos de alerta temprana y protección para activistas. El debate se centrará en cómo financiar estos sistemas y cómo garantizar que los Estados cumplan con la obligación de investigar ataques contra defensores de la tierra.
4. Financiamiento e implementación
Se discutirá el estado del Fondo de Contribuciones Voluntarias y cómo atraer inversiones para que los países con menos recursos puedan digitalizar su información ambiental y hacerla accesible a comunidades indígenas y rurales.
Incumplimientos en Argentina
Argentina fue uno de los Estados fundadores del acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso nacional en 2020. Si bien el país cuenta con un Plan de implementación del Acuerdo aprobado en 2023, en la práctica “hubo muchos retrocesos y ningún avance” advierten desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El gobierno argentino está más preocupado por otorgar privilegios fiscales y regulatorios a empresas e inversores que en asegurar la protección de los defensores del ambiente y permitir el ejercicio de los derechos ambientales”, sostiene Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de FARN.
Además, indica que “a través de un Decreto (el 780/2024 —publicado en septiembre de 2024—), se restringió el derecho de acceso a la información pública al limitar su alcance y ampliar las facultades discrecionales de los funcionarios para decidir qué información se brinda, y amenazando con sanciones a quienes solicitan información reiteradamente”.
“La participación pública también se ha visto cercenada. Un ejemplo claro fueron las audiencias públicas convocadas por la modificación de la Ley de Glaciares, caracterizadas por irregularidades y restricciones a la participación social”, apunta Fernández.
Asímismo, FARN identificó regresiones institucionales y regulatorias que afectan la democracia ambiental como la eliminación del Ministerio de Ambiente, la derogación de herramientas para promover energías renovables; la prevalencia del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) sobre las normas ambientales; la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el traspaso del Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad y la derogación o modificación de leyes de protección ambiental como la Ley de Glaciares y el intento de modificar la Ley de Bosques.
En algunas provincias, la desprotección de los defensores y líderes ambientales se tornó en persecución y encarcelamiento, según denuncian las Asambleas ciudadanas en Mendoza, Catamarca y Jujuy. “El gobierno mendocino, con la creación de una “policía minera” persigue y encarceló a 40 defensores del Agua”, apuntó Itatí Brida, integrante de la Asamblea Vecinal en Uspallata, quien participa de la cumbre en Bahamas para denunciar la situación.
La celebración de la COP 4 en el Caribe busca evidenciar que el Acuerdo de Escazú no es solo una herramienta de “gestión”, sino un pilar de gobernanza en un contexto de crisis climática, guerras, degradación ambiental y creciente desigualdad social.
