Para mediados del 2027 se pretenden que todas las rutas nacionales cuenten con este sistema. Foto: Archivo.
Para mediados del 2027 se pretenden que todas las rutas nacionales cuenten con este sistema. Foto: Archivo.

El Gobierno comenzó a negociar la transferencia de rutas nacionales a las jurisdicciones provinciales en el marco de un giro estratégico para aliviar las cuentas del Tesoro y recomponer la relación con los gobernadores. El objetivo es que cada distrito asuma la titularidad de ciertos corredores estratégicos y diseñe sus propios esquemas de concesión para financiar el mantenimiento y las obras de infraestructura.

Desde el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas confirmaron que las conversaciones están en marcha: “Estamos hablando con todas las provincias interesadas. Con algunas hay avances y con otras no. Falta”, explicaron fuentes oficiales a cargo del diseño del plan.

La lógica de la Casa Rosada es ceder trazas que tengan un impacto económico local directo, como los corredores ligados a la minería, el agro o el sector petrolero. El caso testigo es la ruta nacional A012 en Santa Fe. Tras el anuncio de Luis Caputo el pasado 1 de abril, el gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la provincia se hará cargo de este corredor clave para el sistema portuario del Gran Rosario.

Este esquema permite que las provincias capturen el repago de las obras vía peaje, orientando las inversiones según las necesidades de su propio aparato productivo.

Las tres vías de la reestructuración vial

El Gobierno ordenó el mapa de rutas nacionales en tres grandes paquetes:

  1. Red Federal de Concesiones: Un universo “superior a los 9.000 kilómetros” que ya está en proceso de licitación nacional dividido en 16 tramos.
  2. Segundo Paquete Nacional: Un plan de 12.000 kilómetros adicionales para obras de gran envergadura (autovías y terceros carriles) que Luis Caputo presentó recientemente en Rosario.
  3. Transferencia a Provincias: Rutas que quedaron fuera de los esquemas anteriores pero que poseen un alto valor para las economías regionales.

Para Balcarce 50, esta medida busca “federalizar” la solución a la falta de inversión estatal. Al permitir que las provincias negocien incluso financiamiento con organismos multilaterales (como la CAF), la Nación se retira de la financiación directa sin que las obras queden paralizadas.

Además del aspecto técnico, el plan funciona como una herramienta de negociación política. En un contexto de ajuste, la infraestructura vial es uno de los reclamos más urgentes del interior, y el Gobierno apuesta a que esta cesión de facultades sirva para aceitar acuerdos legislativos con los mandatarios provinciales más dialoguistas.