Revés para el Gobierno: la Justicia frenó los despidos y el cierre de más de 600 servicios del INTI
El Juzgado Federal Número 2 de San Martín resolvió suspender de forma parcial la resolución oficial que ordenaba el cierre masivo de prestaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los detalles.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Número 2 de San Martín dictó una medida cautelar contra la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto falló a favor de un reclamo gremial para frenar el cierre de más de 600 prestaciones estatales y de esta manera, la decisión judicial interrumpió de forma inmediata la aplicación de la Resolución 42/2026 que el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial.
El fallo obliga a las autoridades de la entidad tecnológica a abstenerse de ejecutar cualquier modificación en las funciones actuales de su personal especializado. Además, el texto legal prohíbe todo movimiento o traslado del equipamiento técnico e inventario científico hacia dependencias externas al instituto. Los directivos de la administración nacional deberán garantizar la ocupación efectiva de los agentes con el mantenimiento pleno de sus respectivas categorías y remuneraciones salariales vigentes.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, ratificó el dictamen judicial y celebró el freno a las desvinculaciones masivas mediante un comunicado público. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”, expresó.

La conducción de la entidad sindical consideró que la determinación del juzgado bonaerense representó un avance sustancial en la defensa de los derechos laborales dentro de la administración pública y cuestionó el proceder de los funcionarios nacionales encargados de aplicar las políticas de ajuste fiscal “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”, advirtió.
El programa de reorganización del INTI estipulaba la supresión de aquellas asistencias técnicas que el sector privado ya ofrece en condiciones regulares de mercado. El Gobierno justificó la medida bajo la premisa de asegurar la transparencia regulatoria y la eficiencia en la asignación de los fondos del tesoro y el plan oficial encomendaba a la Dirección Operativa el resguardo de la documentación crítica y la finalización ordenada de los contratos comerciales vigentes.
Los equipos técnicos del Consejo Directivo argumentaron que la simplificación de la oferta tecnológica no afectaba el rol estratégico de la institución en el aparato productivo local. Los coordinadores del proceso de reforma, Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, validaron el pliego original sin observar objeciones jurídicas internas. El juez Tezanos Pinto dispuso que todos los ensayos de certificación industrial continúen bajo la órbita exclusiva del Estado nacional.
La Justicia anuló las elecciones de la UOM, destituyó a Abel Furlán y ordenó la intervención del gremio
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes 22 de mayo anular los comicios internos de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desarrollados a principios de marzo, dictaminó la invalidez de la elección nacional de autoridades y dispuso la inmediata intervención judicial de una de las estructuras gremiales más relevantes del país. Los integrantes de la Sala VIII del tribunal, los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentaron la medida tras constatar que el proceso electoral careció de una “elección confiable, segura ni transparente”.
Según explicaron las autoridades judiciales en los escritos oficiales, la metodología aplicada para el cuidado y el conteo de las elecciones a lo largo de las tres jornadas de votación “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical amparados por la Constitución Nacional.

La disputa en el territorio bonaerense se originó a partir de una denuncia radicada por la opositora Lista Naranja, un espacio liderado por Ángel Derosso que exigía concentrar la votación en un único día con escrutinios provisorios diarios para evitar maniobras espurias. La Junta Electoral de la seccional, alineada políticamente con la conducción de Abel Furlán, rechazó de plano esas demandas y retuvo las urnas durante tres noches en la sede del sindicato bajo su propio control.

















