Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: que pasará desde ahora tras la eliminación de subsidios a las empresas de micros de larga distancia
La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte y pone fin al sistema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba desde 2018 a las empresas de larga distancia.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños con cáncer. La medida fue formalizada mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial.
¿Qué pasará con los beneficiarios de pasajes gratuitos?
La decisión implica el fin de un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que las compañías debían entregar en cumplimiento de distintas leyes nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que los beneficiarios seguirán teniendo derecho a viajar sin cargo y que las empresas continuarán obligadas a otorgar esos pasajes.
La normativa alcanza a los beneficios contemplados en las leyes 22.431 de discapacidad, 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera y 27.674 de protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer.
“Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados”, señala el texto oficial.
¿Cómo argumentó el Gobierno que dejará de beneficiar a las empresas?
Desde el Gobierno argumentaron que la modificación responde a los cambios regulatorios implementados a partir del Decreto 883/2024, que introdujo un nuevo esquema para el transporte automotor interjurisdiccional de pasajeros. Ese decreto habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, dentro de las condiciones de seguridad fijadas por el Estado.
Según la Secretaría de Transporte, este nuevo escenario eliminó las condiciones que originalmente justificaban la existencia de compensaciones estatales. De acuerdo con el análisis oficial, el mercado cuenta ahora con mayor flexibilidad operativa y económica, por lo que el sistema de subsidios dejó de ser necesario.
Pese a ello, la resolución remarca que el derecho a la gratuidad de los pasajes “permanece plenamente vigente y exigible”. En ese sentido, el Gobierno aclaró que las empresas deberán seguir cumpliendo con la entrega de boletos gratuitos a los sectores protegidos por la ley.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la medida y garantizar que las compañías continúen otorgando los pasajes correspondientes. Además, el organismo deberá mantener los mecanismos administrativos necesarios para que los beneficiarios puedan acceder al servicio.
La resolución también incluyó una cláusula transitoria destinada a proteger situaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa, con el objetivo de evitar conflictos legales o administrativos vinculados a trámites ya iniciados.
La decisión del Gobierno se conoce en un contexto de fuerte aumento en las tarifas del transporte público. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó entre 1.221% y 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El estudio señaló que los incrementos superaron ampliamente la inflación acumulada y el crecimiento del salario mínimo. Mientras el Índice de Precios al Consumidor avanzó 303,5% en ese período, el Salario Mínimo, Vital y Móvil aumentó apenas 129%, provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
El informe también alertó sobre una creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y el interior del país, especialmente tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior. Actualmente, el boleto mínimo ronda los $700 en el AMBA, pero en varias ciudades del interior supera los $2.000.
Además, CEPA indicó que el aumento de costos operativos, como el combustible, y la reducción de fondos para infraestructura impactaron de manera directa en el sistema de transporte. Como consecuencia, cayó la cantidad de pasajeros transportados: en febrero de 2026 se registró una baja interanual del 12,9%, con retrocesos más marcados en trenes y colectivos.
En este escenario, la eliminación de las compensaciones estatales abre un nuevo capítulo en el esquema de financiamiento del transporte de larga distancia y genera interrogantes sobre cómo las empresas absorberán el costo de los pasajes gratuitos que seguirán obligadas a entregar.
