Para la entidad, esa decisión oficial “no solo deberá ser tachada de inconstitucionalidad, sino que conducirá a resultados opuestos a la expansión en la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios.
Por Canal26
Viernes 11 de Septiembre de 2020 - 17:35
Telecomunicaciones.
Semanas luego de que Alberto Fernández emitiera un decreto de necesidad y urgencia donde declaraba servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que es "inconstitucional".
El comunicado afirma: "La intervención del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través del DNU 690/20, resulta irreconciliable con el diseño constitucional de la República Argentina, por lo que solo cabe su revocación por quien lo dictó o la declaración de inconstitucionalidad por la Justicia".
En el comunicado se establece que la Constitución reconoce solo dos hipótesis que justifican la intervención legal en un mercado: la "distorsión de los mercados" y la presencia de monopolios y explica que "sin embargo -sostiene el Colegio de Abogados de la Ciudad-, el DNU 690/20 se aparta de estas hipótesis. En su lugar, pretende regular con la máxima intensidad de intervención estatal posible a las tecnologías de la información y comunicaciones, modificando drásticamente las reglas de la industria fijadas ex ante, sin ningún sustento fáctico que lo justifique."
"Se presenta así una situación de expropiación regulatoria que atenta contra el principio de previsibilidad y seguridad jurídica, viola normas legales de jerarquía superior y va a contramano de la realidad regulatoria internacional. Las máximas autoridades nacionales deben tener presente que no tienen amplia discrecionalidad para modificar los marcos regulatorios por razones de orden ideológico coyuntural", expresa la declaración.
El documento, firmado por su directorio, cierra: "El DNU 690/20 golpea los cimientos mismos de nuestra organización, no solo económica, sino republicana y democrática. Definitivamente, semejante cambio en las reglas de juego, además de afectar los derechos adquiridos de los actuales operadores del mercado de los servicios de TIC, conspirará contra la llegada de las nuevas inversiones que imperiosamente necesita nuestro país para generar progreso, crecimiento y empleo".
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