Paro de colectivos.
Paro de colectivos. Foto: NA

La tensión en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó un nuevo capítulo. En medio de la reducción de frecuencias y el malestar creciente entre los usuarios, el Gobierno nacional volvió a convocar a las empresas de colectivos para encarar una negociación que promete ser decisiva para el futuro del sistema.

La reunión, que reunirá a todas las cámaras empresarias del sector, buscará avanzar en una reestructuración integral del esquema de subsidios, costos y tarifas, atravesado por el fuerte aumento del gasoil, una deuda millonaria y un contexto fiscal cada vez más restrictivo.

Una mesa técnica para evitar el colapso del servicio

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron la creación de una mesa técnica que funcionará como ámbito permanente de discusión entre el Estado y las compañías. El objetivo oficial es encontrar una salida que permita normalizar las frecuencias, garantizar la continuidad del servicio y evitar un deterioro mayor del sistema, que hoy opera con márgenes mínimos.

Las empresas vienen advirtiendo que sostienen las operaciones “con esfuerzo extremo” y que la baja de hasta el 30% en la frecuencia de los colectivos es una consecuencia directa del incremento de los costos, principalmente del combustible.

La deuda que condiciona cualquier acuerdo

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la deuda que, según las cámaras empresarias, mantiene el Estado nacional por subsidios impagos. El monto ronda los $120.000 millones, una cifra que limita la capacidad financiera de las líneas para cumplir con salarios, mantenimiento de unidades y recorridos habituales.

Si bien el Gobierno abrió una instancia de diálogo, desde el sector privado aseguran que las reuniones, por ahora, no traen soluciones inmediatas, especialmente frente a obligaciones urgentes como el pago de sueldos y proveedores.

Paro de colectivos. Foto: NA

El papel de la Provincia y el reclamo cruzado

Antes del encuentro con Nación, las empresas mantendrán una reunión con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Allí se buscará coordinar medidas estructurales, aunque desde el entorno del gobernador Axel Kicillof aclaran que los cambios en la estructura de costos dependen exclusivamente del Gobierno nacional.

La Provincia viene sosteniendo una parte importante del esquema de subsidios para evitar un traslado mayor a la tarifa que pagan los usuarios y advierte que su principal preocupación es que las empresas quiebren, lo que pondría en riesgo la conectividad entre el conurbano, las estaciones de tren y los principales centros urbanos.

Gasoil, subsidios y tarifas: las variables en discusión

Entre las propuestas que llevarán las cámaras a la mesa técnica se destacan dos ejes centrales:

  • Actualizar el valor del gasoil que se usa como referencia para calcular los subsidios, hoy muy por debajo del precio real del mercado.
  • Diseñar un esquema de pago de la deuda acumulada, que permita aliviar la situación financiera de las empresas sin desfinanciar al Estado.

Actualmente, el sistema funciona con una fuerte asistencia estatal: el Gobierno nacional destina cerca de $90.000 millones por mes en subsidios y cubre aproximadamente el 65% del costo real del boleto, mientras que el resto lo paga el pasajero.

Colectivo de la línea 61.
Colectivo de la línea 61. Foto: Wikipedia

El dilema del Gobierno: más subsidios o boleto más caro

El conflicto pone al Ejecutivo frente a una decisión compleja. Por un lado, aumentar los subsidios implicaría un mayor gasto fiscal. Por otro, habilitar una nueva suba del boleto tendría un impacto directo en la inflación y en el bolsillo de millones de usuarios.

Hoy, las tarifas mínimas en el AMBA oscilan entre $700 y más de $870, según la jurisdicción, y ya acumulan subas por encima de la inflación en lo que va del año. Al mismo tiempo, el aumento sostenido del transporte provocó una caída en la cantidad de pasajeros, un dato que erosiona aún más los ingresos del sistema.

Qué puede pasar en las próximas semanas

Las negociaciones que se activan ahora serán clave para definir si el transporte público del AMBA entra en una nueva etapa de reorganización o si la crisis se profundiza. Con usuarios cada vez más afectados, empresas al límite y un Estado presionado por el ajuste fiscal, el margen de error es mínimo.

El resultado de estas reuniones no solo impactará en las frecuencias y tarifas, sino también en uno de los servicios esenciales más utilizados del país. El transporte público, una vez más, se convierte en el termómetro de la economía cotidiana.