Amenaza a colegios: comienza juicio con pena de hasta 6 años de prisión
Durante semanas, las amenazas de bomba fueron un incordio en la vida de cientos de docentes y estudiantes, y ante esto, la fiscal María Cecilia Corfield, de la UFI 5 de Morón, elevó a juicio el primer expediente por “intimidación pública” contra un joven de 18 años responsable de un llamado a la escuela N° 44 de Merlo, registrada el 31 de agosto y podría recibir una pena de entre 2 y 6 años de prisión.
Este juicio será el primero de los casi 120 expedientes judiciales abiertos por la ola de episodios amenazantes contra institutos educativos que llega a esa instancia. A.E.S, un joven de 18 años que no completó los estudios secundarios y que vive en Merlo, es el imputado que deberá afrontar el proceso judicial.
Es que un mes después de la intimidación, el 1° de septiembre, la Policía Bonaerense hizo un allanamiento e identificó al responsable de la comunicación. Los investigadores llegaron hasta su casa, donde se encontraba junto a su hermana y su padre, luego de que diversas tareas de cruzamiento de datos permitieran obtener el número desde donde se originó el llamado.
Por esa amenaza, la directora de la escuela tuvo que evacuar la 44 y también un secundario que funciona en el mismo edificio. A 75 días del episodio, la fiscal Corfield cerró la etapa investigativa y solicitó al juez Humberto Meade, el comienzo del juicio. Sin embargo, aún no tiene fecha, pero el imputado podría ser condenado a una pena de entre 2 y 6 años de prisión si es declarado culpable.
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Incluso, la Policía Bonaerense logró identificar a tres chicos de 13; 16 y 17 años, acusados de participar en diversas amenazas de bomba realizadas en al menos tres colegios (dos en la localidad de Haedo, partido de Morón, y otro en Hurlingham), los cuales quedaron demorados, notificados del delito y a disposición de la Fiscalía de menores del Departamento Judicial de Morón. Además, secuestraron los celulares con los que hicieron las llamadas los días 4 y 11 de octubre.
Es más, también se iniciaron procesos en juzgados civiles para buscar que los responsables paguen los gastos que generan al Estado los procedimientos de evacuación. Un ejemplo se dio en el municipio de Quilmes, donde se inició una causa civil contra la madre de un adolescente de 16 años que el 1° de septiembre pasado llamó al colegio Ausonia, avisando de una presunta bomba. El autor fue identificado por la Fiscalía 3 de Quilmes y la comuna abrió una causa por daños y perjuicios en el Juzgado Civil y Comercial 2.
