Una prepaga deberá pagar una multa de 5 millones de pesos por negar un aborto legal

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Defensa al Consumidor multó a la empresa de medicina prepaga Omint con una suma de 5.000.000 de pesos por negarle el acceso a un aborto legal en una de sus clínicas a una mujer que atravesaba un embarazo de 11 semanas de gestación.

La mujer fue identificada como “Blanca”, un nombre ficticio. No será ella quien reciba el dinero, sino que irá a las arcas públicas -de no prosperar las apelaciones- por tratarse de una sanción por incumplir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Grupo Omint. Foto: Grupo Brasil.

En un control médico, la mujer se enteró de que el embarazo no era viable. Los profesionales le informaron que existían “malformaciones fetales incompatibles con la vida”. A pesar de que el bebé había sido buscado, ante esta compleja situación sanitaria, Blanca tomó la decisión de interrumpir la gestación, tal como lo garantiza la legislación vigente.

Sin embargo, el proceso para ejercer su derecho se vio obstaculizado por la negativa del médico obstetra que la atendió en la Clínica Santa Isabel, propiedad del Grupo Omint, según determinó Amnistía Internacional, desde donde le brindaron asesoramiento legal a la damnificada. La mujer era afiliada de Dosuba.

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“En lugar de darle información, el médico le impuso sus juicios personales, no la derivó a otro profesional que garantice el acceso al aborto y la desinformó para generarle miedo de interrumpir su embarazo”, dijeron desde la ONG de derechos humanos en un comunicado.

Frente a esta situación de negación y desinformación, Blanca tuvo que buscar otro médico y finalmente pudo acceder a su derecho a la interrupción del embarazo en un centro de salud distinto. Posteriormente, con el respaldo de Amnistía Internacional, decidió presentar un reclamo formal ante las autoridades de Defensa del Consumidor.

Amnistía Internacional. Foto: Guía ONGs

El caso marca “un precedente clave” en el ámbito de los derechos reproductivos y las relaciones de consumo en la Argentina, según valoró Amnistía.

La sanción a Omint se fundamentó en que, cuando una prepaga no garantiza un aborto legal, no solo se produce una violación de derechos en materia de salud, sino que también “incumple con sus obligaciones como prestador en una relación de consumo”.