La Unión Europea abrió una investigación formal contra X por "contenido ilegal" en la región
La Comisión Europea elaboró un procedimiento amparado en la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que regula las operaciones de las plataformas digitales en Europa y apuntó contra X (Antes Twitter).
El comisario de Mercado Interior europeo, Thierry Breton, responsable de los temas digitales señaló que "La apertura de una investigación formal hoy contra X muestra que se acabaron los días en que las grandes plataformas en línea se comportaban como si fueran demasiado grandes para preocuparse por las normas".
Elon Musk. Foto: Reuters.
En este sentido, Breton indicó que lanzarán una investigación en profundidad sobre el cumplimiento por parte de la red social de Elon Musk, respecto a las obligaciones de la DSA en cuanto a la lucha contra la difusión de contenidos ilegales y la desinformación.
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En este sentido, el ejecutivo europeo abrió una investigación preliminar el 12 de octubre, por la presunta difusión de "contenido ilícito" e "incitación al odio" en X (antes Twitter) para certificar si las publicaciones tuvieron incidencia en la población en cuanto al ataque sin precedentes de los milicianos de Hamás en Israel.
Destrucción en Gaza. Foto: Reuters.
Por su parte, la red social publicó un "informe de transparencia", a principios de noviembre sobre su método de moderación de contenidos. Sin embargo, los datos revelados no parecieron convencer al ejecutivo europeo y elevaron un pedido más exhaustivo para verificar si X implementaba las obligaciones que establece la norma europea.
Además, la Comisión informó que continuará reuniendo "pruebas" y pedirá más datos a la red social de Musk, incluyendo entrevistas o inspecciones.
Aplicación de la Ley de Servicios Digitales
La nueva legislación europea para regular los servicios digitales, presenta distintos permisos de control y sanción para ejecutar en las distintas plataformas que operan en la región.
Unión Europea. Foto: Reuters
La norma contempla multas que pueden alcanzar el 6% del volumen financiero de la empresa acusada e, incluso, la capacidad de prohibir la operación de la red social o plataforma dentro de la Unión Europea.
