“Propofest”: cómo una muerte destapó una trama de robo de anestésicos, fiestas clandestinas y una causa judicial que sacude al sistema de salud
La muerte de un joven anestesista por una sobredosis destapó una investigación judicial que revela el presunto robo de anestésicos del Hospital Italiano y la organización de encuentros privados donde se utilizaban fármacos de uso exclusivo médico.
La muerte de un joven anestesista no solo encendió las alarmas por el uso indebido de sustancias médicas de alto riesgo, sino que abrió la puerta a una investigación judicial que hoy pone bajo la lupa a profesionales de la salud, instituciones médicas de prestigio y presuntos circuitos ilegales de desvío de fármacos. El expediente, conocido mediáticamente como el caso “Propofest”, sigue sumando capítulos y redefiniendo el alcance del escándalo.
El hecho que disparó la investigación
Todo comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando Alejandro Zalazar, anestesista de 31 años, fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo. En la escena no se detectaron signos de violencia, pero sí elementos médicos clave: una vía intravenosa, insumos descartables y ampollas de propofol y fentanilo, dos drogas de uso exclusivo hospitalario.
La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una sobredosis de esos anestésicos, combinación que puede generar depresión respiratoria severa y resultar fatal sin asistencia médica inmediata. Ese dato fue determinante para que la investigación avanzara más allá de una muerte aislada.
De un departamento al Hospital Italiano
El punto de quiebre llegó cuando los investigadores lograron rastrear la procedencia de los fármacos hallados en el domicilio del médico fallecido. Las ampollas pertenecían al circuito interno del Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que motivó un sumario administrativo y una denuncia penal por sustracción de estupefacientes.
A partir de esa denuncia, la Justicia identificó a dos profesionales del área de Anestesiología como principales sospechosos del desvío: un anestesista de planta y una residente de tercer año. Ambos fueron apartados de sus funciones, imputados y tienen prohibido salir del país mientras avanza la causa judicial.
Qué investiga la Justicia en la causa “Propofest”
El expediente judicial se divide en dos ejes centrales. Por un lado, se investiga el robo sistemático de anestésicos dentro del hospital; por otro, las circunstancias de la muerte del anestesista y el posible consumo recreativo de estas sustancias en ámbitos privados.
Según la hipótesis de los fiscales, los fármacos eran utilizados “fuera de todo acto médico, sin indicación clínica ni monitoreo”, una práctica que representa un riesgo extremo incluso para profesionales entrenados.
Las supuestas fiestas con anestesia
En el entorno médico empezó a circular el término “Propofest” para describir encuentros privados en los que anestesistas y residentes habrían consumido propofol y fentanilo con fines recreativos. Existen versiones que indican dos modalidades: experiencias pagas bajo supervisión médica y reuniones privadas organizadas por conocidos del ambiente.
Si bien muchos de esos relatos aún no forman parte formal del expediente, audios y mensajes analizados por la Justicia aportan indicios sobre un circuito clandestino que podría extenderse más allá de un solo hospital.
Allanamientos y nuevas pruebas
En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, con el objetivo de secuestrar actas internas, correos electrónicos y documentación relacionada con los profesionales imputados. La entidad se presentó como denunciante y manifestó su voluntad de colaborar con el proceso judicial.
Una causa que puede marcar un precedente
El caso “Propofest” expuso fallas graves en los controles internos del sistema de salud y abrió un debate profundo sobre el manejo de drogas hospitalarias de alto riesgo. Mientras la investigación sigue su curso, la Justicia busca determinar si se trató de hechos aislados o de una práctica sostenida en el tiempo.
La resolución del expediente no solo será clave para establecer responsabilidades penales, sino que podría derivar en cambios estructurales en los protocolos de control de medicamentos en hospitales públicos y privados de todo el país.
