Procesaron a ex intendente Darío Giustozzi por obra de cloacas

El perjuicio generado por la obra pública irregular, fue determinado por la Justicia en torno a los $5 millones.
Darío Giustozzi
Darío Giustozzi

El juez federal Sergio Torres procesó hoy a Darío Giustozzi, ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional, en el marco de una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en la localidad bonaerense de Claypole que, a pesar de estar terminado, se determinó que no funciona.

El juez dictó el acto de procesamiento contra el ex intendente sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de $3.000.000.

La maniobra investigada empezó en 2009 y culminó en el año 2015. Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo la lupa de la Justicia cuando el juez Torres se encargó de la supervisión y control de los trabajos para la provisión de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El magistrado encontró irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.

La concreción de las obras como las investigadas está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

Una de las irregularidades encontradas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Para la construcción investigada, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano que funcionaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y se avanzó en la realización del proyecto pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA, cuyo respaldo era indispensable e ineludible; tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras.

También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, y con eso lograron justificar el financiamiento del Enhosa.

El juez afirmó en su procesamiento que "el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó un Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento".

Con Giustozzi también fueron procesados y embargados Eduardo Bortolozzi, ex administrador de Enhosa; Lucio Mario Tamburo, ex subadministrador y luego administrador de Enhosa; Daniel Bolettieri, ex secretario de Infraestructura de Almirante Brown, y Luis Carusso, ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio de Almirante Brown.