Milei aumentó el presupuesto en hospitales y personal de salud: los detalles del refuerzo que todavía no entró en vigencia
El gobierno de Javier Milei realizó un anuncio oficlal a través del Boletín Oficial del viernes 31 de octubre. Se trata del aumento del presupuesto a hospitales nacionales y personal de salud en el marco de la la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y en Residencias Médicas que todavía no entró en vigencia, dado que el Ejecutivo solicitó al Congreso que determine la fuente de financiamiento.
El Gobierno nacional incrementó los fondos destinados a hospitales públicos de alta complejidad y al salario del personal de salud. El aumento implica una reasignación de partidas por unos $35.832 millones, que provienen de una reducción de créditos destinados a “Obligaciones a cargo del Tesoro (Jurisdicción 91)”.
La medida responde a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y en Residencias Médicas (Ley 27796), aunque ese marco legal aún no entró en plena vigencia porque el Ejecutivo solicitó al Congreso que determine la fuente de financiamiento.
“El Poder Ejecutivo nacional tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”, indicó el Gobierno.
También podría interesarte
Entre los centros de salud beneficiados figura el Hospital Garrahan, que recibirá unos $20.180 millones; el Hospital El Cruce; el Hospital SAMIC; el Hospital Dr. René Favaloro; y el Hospital Presidente Néstor Kirchner, que juntos sumarán más de $3.380 millones adicionales.
Además, la disposición asignó $5.110 millones para programas de formación de recursos humanos sanitarios y más de $7.160 millones en gastos figurativos a hospitales nacionales especializados en salud mental, adicciones y rehabilitación, como el Hospital Bonaparte, el Hospital Nacional Baldomero Sommer y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Juan Otimio Tesone.
El aumento presupuestario se presentó como un refuerzo estructural dentro del área de salud, aunque expertos señalaron que no reemplaza completamente la puesta en marcha de la Ley de Emergencia Pediátrica, cuya implementación se encuentra condicionada hasta que el Congreso defina los fondos definitivos.
Por qué el gobierno de Milei postergó la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei publicó dos decretos en el Boletín Oficial durante la jornada del martes 21 de octubre. Allí promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el presupuesto, misma situación que ocurre con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Las medidas fueron oficializadas a través de los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, donde se aclaró que ambas leyes “quedarán suspendidas en su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. La decisión se apoyó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que exige que toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento.
Qué dice La Ley de Emergencia Pediátrica que todavía no aplicó Milei
En tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796) declara la emergencia sanitaria en el área infantil y de residencias médicas por un año, con el objetivo de priorizar la inversión en insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal especializado.
También dispone la recomposición salarial inmediata para los trabajadores de la salud y establece la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, guardias o extras.
Uno de los puntos más relevantes es que el Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad, garantizando su “funcionamiento pleno y sostenido”.
La norma también crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, autoridades sanitarias y representantes del COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, encargada de elaborar informes trimestrales sobre el cumplimiento de la ley.
