Murió el empleo público en 2026: cuáles son las áreas que el Gobierno sí autoriza para futuras contrataciones
El Gobierno extendió la suspensión de las contrataciones del sector público, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal. Los detalles.
El gobierno de Javier Milei extendió la suspensión de las contrataciones del ámbito estatal durante 2026, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal. Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
En base a lo detallado en el decreto 934/2025 publicado en el Boletín Oficial, la prohibición alcanza a:
- Plantas transitorias
- Contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público
- Contratos laborales
- Locaciones de servicios profesionales
- Designaciones transitorias en cargos de planta permanente
- Contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.
Cuáles son las áreas estatales que sí podrán hacer contrataciones
El decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Es por eso que los sectores públicos que sí podrán hacer contrataciones son:
- Universidades nacionales
- Fuerzas Armadas
- Fuerzas de Seguridad
- Servicio Penitenciario Federal
- Sistema Nacional de Manejo del Fuego
- Cuerpo de Guardaparques Nacionales
- Personal de hospitales nacionales
- Institutos de investigación del Ministerio de Salud
- Personal de gabinete
- Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP).
En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026.
Sin embargo, no se contabilizarán bajas producidas por planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación. Sumado a eso, cada alta deberá contar con validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
