Ley de Emergencia en Discapacidad: el Gobierno reveló que transfiere fondos mínimos para evitar sanciones judiciales
Desde Casa Rosada, sostuvieron que derivan recursos mínimos de manera mensual para no quedar en infracción, aunque todavía no incorporan la totalidad de los gastos previstos anualmente. Los detalles.
El Gobierno aseguró que está cumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad de manera parcial pese a la presión judicial para implementar de forma inmediata la normativa que declara en alerta al sector. En este marco, la administración de Javier Milei adelantó que propondrá modificaciones desde marzo para limitar su impacto fiscal y hacerla sustentable en el presupuesto.
Desde Casa Rosada, sostuvieron que derivan recursos mínimos de manera mensual para no quedar en infracción, aunque todavía no incorporan la totalidad de los gastos previstos anualmente en la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, buscan evitar que su aplicación plena derive en déficit presupuestario.
En paralelo, el Ejecutivo está armando una contrapropuesta legislativa que planteará al Congreso para redefinir algunos aspectos de la normativa. La respuesta oficial se produjo tras una intimación judicial que exigió a Milei aplicar la ley desde el 4 de febrero y acreditar su ejecución ante la Justicia.
Desde Balcarce 50, reconocieron que cumplen con los fondos mínimos establecidos, pero sostuvieron que no prevén asignar la totalidad de los recursos necesarios en el Presupuesto 2026. Por este motivo, avanzarán en la estrategia de reforma parlamentaria.
Qué propone el Gobierno y cuál es el debate con la Ley de Emergencia en Discapacidad
La mesa política oficialista ya tiene lista una propuesta para enviar al Congreso que mantiene la declaración de emergencia, pero ata la prestación a parámetros previsionales: propone fijar la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y permitir la compatibilidad con trabajo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, incluye ajustes trimestrales de aranceles y compensaciones para prestadores de servicios del sector.
El debate llegará en un contexto tenso, donde la ley fue aprobada por la oposición con mayoría en el Congreso a pesar de los vetos y objeciones del Ejecutivo y su plena aplicación estuvo supeditada a la definición de fuentes de financiamiento en el presupuesto, situación que todavía no se resolvió.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ejecución integral de la norma implicaría un costo anual equivalente a entre el 0,28% y el 0,51% del PBI. En el oficialismo, consideran que avanzar con su aplicación total llevaría al Presupuesto 2026 a un escenario de déficit, sumado a otros aspectos contemplados en el artículo XI que no prosperó en la Cámara de Diputados.
El borrador también incluye una compensación retroactiva destinada a los prestadores y propone un mecanismo de actualización trimestral de aranceles bajo la órbita del Ministerio de Salud y la ANDIS, con una cláusula de referencia al IPC en caso de no definirse nuevos valores. Además, incorpora modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario.
En paralelo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, otorgó un plazo de dos semanas al Ejecutivo para poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero y le exigió que demuestre su cumplimiento. La resolución fue adoptada sin que aún se haya expedido la Cámara Federal de San Martín, donde continúa en trámite la apelación presentada por la Procuración del Tesoro.
