Interna en la UOM: polémica por la tercerización del manejo de aportes sindicales a una empresa privada
Un contrato firmado en 2023 delegó en una empresa privada la administración de fondos millonarios del gremio y desató cuestionamientos en plena antesala electoral.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) enfrenta una fuerte controversia interna a pocas semanas de renovar su conducción nacional. En el centro de la escena se encuentra un contrato firmado en 2023 que delega en una empresa privada la administración de una parte sustancial de los aportes que realizan sus afiliados.
El gremio metalúrgico, uno de los pilares históricos del sindicalismo peronista y miembro de la Confederación General del Trabajo (GCT), recauda un 2% del salario de sus trabajadores afiliados en concepto de cuota sindical. De ese total, el 80% corresponde a las seccionales y el 20% al Consejo Directivo nacional. Según la estructura vigente, la porción destinada a las seccionales es gestionada por la firma USEM SA, que percibe una comisión del 0,5% sobre el monto administrado.
Un contrato bajo la lupa
El acuerdo fue suscripto en febrero de 2023 y establece una vigencia de diez años. Entre las atribuciones otorgadas a la empresa figuran la apertura y administración de cuentas bancarias a nombre de seccionales, auditorías internas y ejecución de pagos vinculados a la actividad sindical.
USEM SA fue creada en diciembre de 2022 y tiene como accionistas a Raúl Branconi y María Soledad Calle, dirigente con participación en la estructura gremial y militancia en La Cámpora. Calle, además, ejerce representación sindical ante la Organización Internacional del Trabajo.
Sectores internos cuestionan la falta de debate previo en las seccionales sobre la decisión de tercerizar la administración de los recursos. También plantean interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y la conveniencia de delegar en una firma privada el manejo de fondos provenientes de aportes obligatorios.
La discusión se produce en un escenario de elecciones internas previstas para el 18 de marzo, en medio de un clima político y sindical marcado por tensiones frente a la agenda económica del Gobierno nacional.
El debate sobre la transparencia y el control de los fondos continúa escalando dentro de una organización que históricamente ha sido uno de los actores centrales del sindicalismo argentino.
