La estrategia del Gobierno tras la aprobación de la Ley de Glaciares: qué proyecta Javier Milei
El oficialismo se prepara para blindar judicialmente la Ley de Glaciares frente a las cautelares presentadas por el gobernador Sergio Ziliotto y grupos ambientalistas. Cómo será la estrategia del Gobierno tras la aprobación de la reforma en Diputados.
Tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el Gobierno ya diseña su defensa legal para sostener la vigencia de la norma. El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, lidera bajo estricto hermetismo la contraofensiva ante los amparos presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y diversas organizaciones ambientales.
Desde la Casa Rosada justifican la reserva en los movimientos legales. “No tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada”, confió una fuente oficial a Infobae sobre la argumentación que preparan para apelar los frenos judiciales. La reforma de la Ley 26.639 otorga mayores facultades a las provincias para fijar criterios de protección, limitando el resguardo estricto a las áreas consideradas “estratégicas” para el recurso hídrico. Esta descentralización cuenta con el aval de los distritos cordilleranos, pero desató la alarma en La Pampa.
Desde la gobernación pampeana justificaron su presentación ante la Justicia Federal advirtiendo sobre el impacto en el Río Colorado: “Si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos”, dijeron a Infobae.
En el Gobierno, desestimaron estos reclamos y confían en la solidez del trámite legislativo. “El proceso estuvo bien hecho, estamos confiados en que vamos a poder defender la ley sin problemas que además fue sancionada por amplia mayoría sin problemas”, reveló una fuente con acceso al despacho presidencial.
Ley de Glaciares: el cruce de acusaciones y el antecedente Barrick Gold
La tensión política escaló con reproches cruzados. Mientras en el entorno de Javier Milei aseguraron que prima “el interés de casi todos los gobernadores cordilleranos” y minimizaron la postura de Ziliotto, en La Pampa respondieron con dureza: “Son ignorantes, no conocen el país”.
Por su parte, la oposición legislativa y los ambientalistas sostuvieron que la reforma es un “retroceso en materia ambiental” y cuestionaron la validez de la audiencia pública realizada. El diputado Maximiliano Ferraro recordó que la Corte Suprema ya ratificó la constitucionalidad de la ley original en 2019 tras un reclamo de Barrick Gold. “En su momento, Cristina Kirchner la había vetado, el Congreso volvió a sancionarla, una empresa fue a la Corte y la Corte fue clara le dijo que la ley era constitucional”, rememoró.
Si el conflicto escala hasta la Corte Suprema de Justicia, todas las miradas se posarán sobre el ministro Ricardo Lorenzetti por su trayectoria en derecho ambiental. “Si llega a la Corte el final es abierto. Lorenzetti debería bancar, no podría ir contra sus propios fallos, los otros dos no sabemos”, analizó un legislador que apoya la judicialización.
