Crisis en Bolivia: el gobierno de Javier Milei sigue de cerca el conflicto y evalúa intensificar los controles en la frontera
El Gobierno mantiene bajo análisis el impacto de las protestas y el desabastecimiento en el país vecino para anticipar posibles movimientos migratorios o un avance del crimen organizado.
El gobierno de Javier Milei mantiene un seguimiento minuto a minuto sobre el estallido político y social que sacude a Bolivia y evalúa la posibilidad de robustecer los controles de seguridad en la frontera norte en caso de que las protestas sigan escalando. Las máximas autoridades del Ejecutivo aclararon que la preocupante realidad del país vecino se encuentra actualmente “bajo evaluación” y especificaron que cualquier tipo de movimiento operativo en el territorio quedará bajo la órbita directa del Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva.
Los funcionarios de la Casa Rosada descartaron por el momento la opción de reflotar el denominado Plan Roca, un esquema de despliegue militar diseñado para la vigilancia de las zonas limítrofes. La estrategia oficial pasa por moverse con cautela para no emitir señales de alarma desmedidas, aunque las segundas líneas de la administración central admiten que un agravamiento del caos institucional en Bolivia terminará repercutiendo de forma directa en las provincias del norte argentino. Los principales temores concentran en dos frentes claros: una eventual oleada migratoria descontrolada y el peligro latente de que las bandas del crimen organizado aprovechan la vulnerabilidad para intensificar su actividad.
El panorama del otro lado de la frontera se complicó significativamente en las últimas horas debido a la multiplicación de las manifestaciones en las rutas principales y la escasez de insumos básicos. La Central Obrera Boliviana reactivó las marchas callejeras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, un escenario de parálisis que ya provoca filas interminables en las estaciones de servicio para cargar combustible, desabastecimiento de alimentos en los comercios y una alarmante falta de oxígeno medicinal en los centros de salud. El deterioro del frente político sumó un nuevo dolor de cabeza para el mandatario boliviano con la renuncia indeclinable de su ministro de Trabajo, Edgar Morales.
En este tablero de tensiones, la diplomacia argentina ya debió salir a jugar su propio partido: el canciller Pablo Quirno rechazó de forma categórica las acusaciones del expresidente Evo Morales sobre un supuesto envío de pertrechos o asistencia militar argentina para apuntalar al Palacio Quemado y además, aclaró que los vuelos oficiales enviados hacia el norte tuvieron como única finalidad trasladar víveres y provisiones de emergencia frente a los bloqueos de caminos despegando por completo a Argentina de cualquier tipo de involucramiento operativo en la pelea interna del país vecino.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la encargada de definir si la Gendarmería y las fuerzas federales montan un cordón especial en las provincias fronterizas, un recurso que ya cuenta con antecedentes recientes ante otras crisis regionales. No obstante, las directivas políticas que bajaron desde la Jefatura de Gabinete insisten en que cada paso se dará en función de cómo evolucione el conflicto y el nivel de riesgo real que presenten las aduanas y pasos vecinales.
Por estas horas, desde Casa Rosada busca equilibrar la balanza: mantener una postura firme de respaldo institucional hacia el gobierno democrático de Rodrigo Paz, pero sin apurar un despliegue de tropas propio que siembre el pánico en las provincias del norte. La hoja de ruta oficial consiste en procesar los datos en tiempo real, congelar las decisiones apresuradas y dejar el botón de alerta listo por si la violencia civil amaga con trasladarse hacia las fronteras locales.
