Reforma laboral: empresarios mayoristas respaldan el proyecto del Gobierno pero piden cambios clave en los juicios laborales
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas respaldó la iniciativa del Ejecutivo para modernizar el sistema laboral, aunque advirtió que algunos puntos podrían afectar a las empresas y al empleo, sobre todo en las PyMEs.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) ratificó su respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional con Javier Milei a la cabeza, aunque remarcó algunas diferencias en puntos clave del proyecto oficial, principalmente en los aspectos vinculados a los juicios laborales.
En ese sentido, desde la CADAM sostienen que -si bien era necesaria una modernización del marco normativo- ciertos aspectos podrían generar efectos negativos en las empresas, sobre todo en las PyMEs.
Según CADAM, la reforma laboral “puede ayudar a ordenar el sistema y reducir conflictos”
A través de un comunicado, CADAM sostuvo que acompaña la iniciativa del Ejecutivo al entender que “actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”.
De todos modos, subrayaron que una reforma de esta magnitud requiere “un debate profundo y un marco legal claro y moderno”, por lo que propusieron avanzar hacia una legislación laboral nueva, que se adapta a la realidad productiva actual y a los desafíos de los años venideros.
Uno de los ejes principales de las objeciones planteadas por los mayoristas está relacionada con el sistema de juicios laborales. Desde esta cámara alertaron que, en la práctica, muchas empresas deberán afrontar condenas judiciales que resultarían imposibles de enfrentar.
“Esto no solo pone en riesgo la continuidad de las empresas, sino que también termina poniendo en peligro los puestos de trabajo”, afirmaron.
Una fuerte preocupación radica en la posibilidad de que se oficialice como método de actualización de las condenas laborales la combinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con una tasa de interés.
Según CADAM, convertir este mecanismo en regla general implica una indexación que multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede derivar en el cierre de empresas. En ese sentido, se contrapone con normativas vigentes que prohíben la indexación de sumas de dinero, tal como señala la Ley 23.928 y sus modificatorias.
En este sentido, la cámara propuso una serie de modificaciones concretas al proyecto oficial.
Se planteó volver a un sistema de actualización basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, tal como se utilizó históricamente. Esto mismo, aseguran, permitiría montos más razonables y previsibles para las empresas.
También se solicita eliminar las denominadas “cuotas solidarias” y otros aportes similares impuestos por convenios colectivos. En particular, se propuso derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, tras considerar que estos costos adicionales muchas veces se fijan en negociaciones donde gran parte de las empresas no están representadas y cuyo destino resulta difícil de controlar.
Señalaron que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos, cualquiera sea su finalidad -capacitación, sostenimiento de instituciones o beneficios para cámaras y asociaciones-, sean de carácter voluntario.
Al mismo tiempo, plantearon que el empleador deje de ser agente de retención de aportes sindicales, de modo que, si un trabajador decide afiliarse, sea él quien realice el pago directo al sindicato correspondiente.
Para finalizar, la CADAM respalda medidas orientadas a frenar lo que denominan la “industria del juicio”. Entre ellas, propusieron que, en casos de reclamos exagerados o sin sustento, las costas judiciales sean asumidas de manera solidaria entre la parte demandante y su abogado.
También apoyaron modificar el procedimiento laboral para evitar procesos eternos, permitiendo la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento por falta de impulso de las partes.
