El Gobierno amenaza con sancionar a las empresas de transporte si no garantizan el servicio de colectivos en medio de la crisis por subsidios
Las cámaras confirmaron que reducirán frecuencias desde abril. En la Secretaría de Transporte monitorearán el funcionamiento de las líneas y aplicarán multas en caso de ser necesario.
En medio del conflicto por el subsido al transporte, el Gobierno amenazó con multas a las empresas que reduzcan la frecuencia de los servicios de colectivos.
La Secretaría de Transporte planean monitorear el funcionamiento de los servicios y si efectivamente hay una disminución de las frecuencias, podrían avanzar en multas.
Según la normativa vigente, el Ejecuto nacional puede sancionar a los empresas que violen el régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas con una multa de 500 a 15.000 boletos mínimos. Teniendo en cuenta que el pasaje mínimo cuesta $700, esa penalidad podría oscilar entre $350.000 y $10.500.000.
El conflicto
Las empresas de transporte público reducirán la frecuencia de su servicio debido al “aumento intempestivo del gasoil y la falta de reconocimiento de ese incremento de costo por parte de las autoridades”.
La reducción de la frecuencia afecta a los colectivos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y se produce en el contexto de una suba del 22% del precio del combustible en marzo.
La decisión “responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”, según informó el comunicado firmado por distintas cámaras de transporte público.
La medida fue comunicada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CΤΡΒΑ), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPB), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CΕΑΡ) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).
Las cámaras empresarias lamentaron “los inconvenientes ocasionados a los usuarios” e instaron al Gobierno a adoptar de manera urgente “medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo”.
