El Gobierno acelera privatizaciones de empresas estatales y busca cerrar concesiones antes de 2027
Desde el Ejecutivo impulsan una nueva etapa de privatizaciones y concesiones para mostrar resultados de gestión antes de las próximas elecciones presidenciales. Belgrano Cargas, Correo Argentino, AySA, Intercargo y la Hidrovía aparecen entre los procesos más avanzados.
La Casa Rosada busca retomar la iniciativa política y económica con una nueva aceleración de privatizaciones y concesiones de activos estatales. En medio de las tensiones internas dentro del Gobierno, el objetivo oficial es avanzar con la mayor cantidad posible de empresas bajo administración privada antes de las elecciones presidenciales de 2027.
La estrategia apunta a mostrar resultados concretos de gestión y consolidar el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei. Desde el Gobierno consideran que varios de los procesos ya están maduros para avanzar durante el segundo semestre del año y buscan que algunos cambios tengan impacto visible en los próximos meses.
“No se trata solo de recaudar dólares, sino de demostrar que otro esquema de administración funciona”, explican cerca del Ejecutivo. Por eso, el foco está puesto en sectores donde el traspaso al sector privado pueda traducirse rápidamente en obras, mejoras operativas o reducción del gasto público.
Las privatizaciones que busca cerrar el Gobierno nacional
Uno de los expedientes más avanzados es el de Belgrano Cargas. El Ministerio de Economía trabaja en el lanzamiento de un esquema que permitirá transferir la operación ferroviaria de cargas a operadores privados. El plan contempla dividir el sistema por líneas -Belgrano, San Martín y Urquiza- y habilitar ofertas separadas para infraestructura, talleres y operación ferroviaria.
Con este formato, el Gobierno busca evitar una privatización cerrada en un único paquete y fomentar la competencia entre empresas interesadas en distintas partes del negocio.
Otro de los procesos que el oficialismo quiere acelerar es el del Correo Argentino. En Nación aseguran que la empresa podría exhibir este año su “primer balance superavitario en años”, un dato que consideran clave para facilitar el proceso de privatización.
Según las proyecciones oficiales, el Correo tendrá ingresos corrientes por más de $774 mil millones y un resultado económico positivo superior a los $53 mil millones. Además, el presupuesto prevé una reducción de personal y transferencias desde la empresa hacia el Estado nacional, en lugar de asistencia del Tesoro.
En paralelo, el Gobierno avanza con la concesión de la Hidrovía, uno de los corredores logísticos más importantes del país para el comercio exterior. La licitación ya ingresó en la etapa económica y las compañías belgas Jan De Nul y DEME quedaron posicionadas tras igualar la oferta mínima requerida.
También sigue en marcha el proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos. La Casa Rosada busca vender el 100% de las acciones y adelantó la fecha para la presentación de ofertas al próximo 2 de junio.
En el caso de AySA, el Gobierno lanzó formalmente la licitación para desprenderse del 90% de las acciones estatales, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores. El objetivo es incorporar un operador nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento.
Las rutas nacionales aparecen como otro de los ejes prioritarios. Economía ya abrió los sobres de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores estratégicos. El Ejecutivo quiere que parte de esas concesiones ya estén operativas durante el verano.
En materia energética, el Gobierno exhibe como antecedente exitoso la venta de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, adjudicada por 356 millones de dólares a Genneia y Edison Transmisión.
Sin embargo, no todos los proyectos avanzan con la misma velocidad. El caso más complejo sigue siendo Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), donde todavía no existe una definición cerrada debido al alto costo fiscal, la sensibilidad política y el impacto laboral.
La principal excepción al plan privatizador es Trenes Argentinos. En el Gobierno consideran que hoy no están dadas las condiciones para avanzar sin aplicar una fuerte suba de tarifas, por lo que la empresa quedará fuera del calendario inmediato.
La apuesta oficial, entonces, es selectiva: acelerar privatizaciones y concesiones en sectores donde puedan mostrar resultados visibles antes de 2027 y consolidar un esquema económico con mayor participación privada en áreas clave de infraestructura y servicios.
