En las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, salvo algunas excepciones previstas por la ley.
El Código Nacional Electoral (Ley 19.945) establece que el voto es universal, secreto, igual, libre y obligatorio para los ciudadanos del rango etario nombrado. Sin embargo, con el tiempo se implementaron normativas como la Ley 26.774 del voto joven que habilitó a nuevas personas a acceder al derecho.
Quiénes están exentos de ir a votar
- Jóvenes de 16 y 17 años.
- Adultos de 70 años o más.
- Quienes figuren excluidos del Registro Nacional de Electores por causas judiciales.
- Enfermos o imposibilitados que acrediten su condición con certificado médico oficial.
- Personas que deban trabajar el día del comicio en organismos o empresas de servicios públicos o por razones laborales impostergables, con constancia del empleador.
- Electores que se hallen a más de 500 km de su mesa y justifiquen su lejanía en la comisaría más cercana.
- Jueces y auxiliares afectados al servicio de justicia electoral durante la jornada.
Elecciones Legislativas 2025: quiénes están obligados a ir a votar
- Mayores de 18 y menores de 70 años que estén en el padrón electoral.
- Argentinos residentes en el exterior que se encuentren inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.
De cuánto son las multas por no ir a votar y cómo se abonan
El valor monetario de las multas lo establece el Código Nacional Electoral en su artículo 125 pero el agregado a ese monto depende del distrito, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires se establece en la Ley 5109.
El Artículo 125 del Código Electoral Nacional, establece las siguientes multas:
- Primera infracción: $50.
- Segunda infracción: $100.
- Tercera infracción: $200.
- Cuarta infracción: $400.
- Quinta o más infracciones: $500.
En la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2025, las sanciones varían entre los $1.000 y $2.000.
Cómo abono mis infracciones por no ir a votar
Las multas, además de ser monetarias, pueden impedir realizar trámites como la renovación del DNI, la obtención del pasaporte o el inicio de gestiones de jubilación. También incluye la inhabilitación desempeñar cargos públicos durante tres años y la de obtener certificaciones de antecedentes penales.
Para regularizar la situación, el ciudadano debe consultar el Registro de Infractores para abonar la multa mediante distintos medios de pago disponibles.
