Ciudadanía italiana: la Justicia podría dar buenas noticias a los argentinos tras las restricciones
La reforma impulsada por el gobierno italiano llegó a la Corte Constitucional, que deberá decidir si los límites generacionales y la retroactividad del decreto respetan la Constitución. A quiénes afecta esta decisión.
La ciudadanía italiana atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas, especialmente para los descendientes que residen fuera de Europa. La reforma aprobada por el gobierno italiano en mayo de este año alteró de manera profunda un sistema que, durante generaciones, permitió a millones de personas acceder al reconocimiento de su ciudadanía por vínculo sanguíneo.
El denominado “Decreto Tajani”, convertido en Ley 74/2025, introdujo por primera vez un límite generacional estricto para el reconocimiento de la ciudadanía italiana. A partir de esta modificación, solo los descendientes comprendidos dentro de las dos primeras generaciones desde el ascendiente italiano no naturalizado pueden acceder al derecho, excluyendo a gran parte de los bisnietos y tataranietos de aquellos inmigrantes que llegaron a América entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Sin embargo, el aspecto más controversial de la norma fue su alcance retroactivo. La ley puso en cuestión situaciones anteriores a su entrada en vigencia, al establecer que quienes nacieron fuera de Italia antes del decreto no podían ser considerados ciudadanos, aun cuando el derecho se entendía históricamente como adquirido desde el nacimiento.
Como respuesta, numerosos estudios especializados impulsaron recursos judiciales en distintos tribunales italianos. La controversia llegó finalmente a la Corte Constitucional, luego de que el Tribunal de Turín elevara una remisión formal planteando serias dudas sobre la constitucionalidad de la reforma. El eje central del debate reside en la legitimidad de los límites generacionales y, sobre todo, en la validez de la aplicación retroactiva de la norma.
El futuro de la ciudadanía italiana: qué está en debate y a quiénes afecta
La Corte celebrará el 11 de marzo de 2026 la primera audiencia pública del caso. El juez relator designado es Giovanni Pitruzzella, una figura de peso institucional y académico, con una extensa trayectoria en derecho constitucional y funciones relevantes dentro del Estado italiano.
Durante la audiencia, las partes expondrán sus argumentos y responderán a las consultas de los magistrados. Luego, el tribunal deliberará de manera reservada y emitirá una sentencia que tendrá efectos generales, es decir, aplicables a todos los casos similares. Según los plazos habituales del organismo, el fallo definitivo podría conocerse entre abril y mayo de 2026, con impacto directo sobre miles de procesos judiciales en curso.
En caso de que la Corte declare la inconstitucionalidad total o parcial de la Ley 74/2025, se abriría la posibilidad de restablecer el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia sin los límites impuestos por el decreto, reafirmando el carácter originario y permanente del ius sanguinis.
Si, en cambio, el tribunal avalara la constitucionalidad de la norma, se consolidaría un esquema restrictivo y retroactivo que muchos juristas consideran incompatible con los principios históricos del derecho italiano de ciudadanía.
Mientras se aguarda la resolución, el gobierno italiano implementó una vía alternativa: el Permiso di Soggiorno per Oriundi, un permiso de residencia y trabajo destinado exclusivamente a descendientes de italianos de determinados países, entre ellos la Argentina. Aunque no concede ciudadanía, permite residir y trabajar legalmente en Italia.
En paralelo, la expectativa generada por el calendario judicial aceleró la preparación de trámites y acciones legales. La recopilación de documentación y la evaluación de estrategias jurídicas se intensificaron, ante la posibilidad de que el fallo abra nuevas oportunidades o defina definitivamente el rumbo del vínculo entre Italia y su diáspora.
