El proyecto de ley que afectará a quienes tengan pasaporte estadounidense
Un nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Estados Unidos podría cambiar radicalmente el proceso de emisión y revocación de pasaportes para ciertos ciudadanos.
La normativa, presentada de manera bipartidista, otorga mayores facultades al Departamento de Estado (DOS) y ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos civiles. El objetivo declarado de la propuesta es reforzar los controles migratorios y garantizar la seguridad nacional, pero expertos advierten sobre los riesgos que podría implicar para la libertad de expresión.
El control migratorio vuelve a ser central en la agenda estadounidense
El proyecto de ley fue presentado el pasado 10 de septiembre por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano de Florida, Brian Mast. De aprobarse, el texto permitirá al secretario del DOS, actualmente Marco Rubio, revocar el pasaporte de ciudadanos estadounidenses que hayan sido condenados por delitos relacionados con terrorismo o que, según las autoridades, hayan asistido o brindado apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
La propuesta será debatida en la Cámara de Representantes este miércoles 17 de septiembre, y forma parte de una serie de iniciativas respaldadas por la administración de Donald Trump desde su regreso a la presidencia el 20 de enero pasado.
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Bajo su nueva gestión, el control migratorio y la lucha contra el terrorismo volvieron a ocupar un lugar central en la agenda de Gobierno.
Sin embargo, la redacción del proyecto ha generado polémica entre especialistas en derechos constitucionales. Uno de los puntos más cuestionados es el concepto de “apoyo material al terrorismo”, que, según los críticos, podría tener una interpretación ambigua o demasiado amplia.
En declaraciones a Newsweek, Carolyn Iodice, directora legislativa y de políticas de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), advirtió que “gran parte de ese discurso estará protegido por la Primera Enmienda si no tiene una conexión directa con esas organizaciones terroristas”.
Para Iodice, el riesgo principal no está únicamente en cómo se aplique la ley hoy, sino en las implicancias a futuro: “Si se convierte en ley permanente, cualquier secretario de Estado que quiera suprimir la libertad de expresión podría explotarla para castigar puntos de vista que no le gusten”, aseguró.
Además del vínculo con organizaciones terroristas, el DOS ha mencionado otros casos donde se aplicaría esta facultad. En un comunicado reciente citado por Europa Press, la administración Trump justificó medidas en este sentido como “pasos concretos en línea con la legislación estadounidense y la seguridad nacional”. Entre los nombres mencionados, aparecen figuras políticas de la Autoridad Palestina, incluido su presidente Mahmud Abbas, y representantes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Estas acciones se dieron en el marco previo a la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York el 9 de septiembre, y reflejan una postura más firme por parte del Gobierno en lo que refiere a relaciones diplomáticas y migración.
Además, desde el regreso de Trump al poder, su administración designó como organizaciones terroristas extranjeras a bandas como el Cártel de Sinaloa y la MS-13, lo que amplía el alcance de la normativa. Esto implica que cualquier persona que haya sido acusada de colaborar con dichas organizaciones podría ser susceptible de perder su pasaporte.
En conclusión, si bien el proyecto apunta a reforzar la seguridad nacional, su implementación podría tener implicancias serias en materia de derechos individuales. De aprobarse, el Departamento de Estado pasaría a tener un rol más protagónico y discrecional en la emisión y revocación de pasaportes, lo que pone sobre la mesa un nuevo debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles en Estados Unidos.
