Alarma en Colombia: Gustavo Petro declaró emergencia económica en el país tras el rechazo a la reforma tributaria

El presidente colombiano decretó 30 días de emergencia económica luego de que el Congreso rechazara por segunda vez su proyecto de reforma tributaria, habilitando al Ejecutivo a dictar decretos para asegurar recursos y evitar una crisis fiscal en 2026.

Gustavo Petro decretó 30 días de emergencia económica en Colombia.
Gustavo Petro decretó 30 días de emergencia económica en Colombia. Foto: REUTERS

Gustavo Petro, presidente de Colombia, decretó la emergencia económica en su país por un plazo de 30 días, tras el rechazo -por segunda vez por parte del Congreso- de su proyecto de reforma tributaria. La iniciativa del oficialismo busca recaudar 16,3 billones de pesos colombianos con el fin de financiar el presupuesto nacional de 2026, el cual sí fue aprobado por el Parlamento, lo que genera una fuerte contradicción fiscal.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: REUTERS

Con la emergencia en vigor, el Ejecutivo podrá emitir decretos con fuerza de ley para garantizar los recursos necesarios.

Situación aguda de Colombia y del mandato de Petro

Esta decisión presidencial llega en un momento delicado de su mandato para Petro, que está transitando los últimos meses de su presidencia. Respecto de la economía colombiana, si bien mostraría señales de crecimiento (con proyecciones de expansión del PBI de entre 2,6% y 2,7% hacia fin de año), en lo que implica al frente fiscal se percibe un deterioro significativo.

Es que el déficit aumentó 2,5 puntos porcentuales y se estima que cerrará diciembre en torno al 7%, una cifra preocupante tanto para el Gobierno como para los mercados.

A comienzos de 2025, el oficialismo ya había impulsado una primera reforma tributaria, que pretendía recaudar alrededor de 12 billones de pesos, pero también fue rechazada por el Congreso.

Frente a ese revés, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta con el fin de una recaudación mayor, pero que finalmente fue desestimada por el Senado. La paradoja se da en que el Parlamento aprobó el presupuesto para el 2026, que resulta difícil de sostener sin una fuente adicional de ingresos.

Pero desde la oposición celebraron el rechazo al proyecto: “Acabamos de hundir la reforma tributaria del gobierno de Petro. Le cumplimos al país y le blindamos el bolsillo a los colombianos”, sentenció el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, en un video difundido a través de la red social X.

En el decreto que oficializa la emergencia económica, Petro advierte sobre una “inminente crisis fiscal” que podría derivar en “un ajuste drástico” de las finanzas públicas y afectar el bienestar de la población.

“El Gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte”, describió Petro en su cuenta personal.

Asimismo, en el Decreto N.º 1390 se enumeran ocho razones que, según el Ejecutivo, justifican la medida. Entre ellas se destacan las fuertes tensiones fiscales que no pueden resolverse con las herramientas presupuestarias habituales. Uno de los principales factores es el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, una de las partidas más relevantes del gasto público. A esto se suman el deterioro del orden público y la necesidad de reforzar recursos en seguridad y defensa para proteger a líderes sociales.

El texto también menciona el impacto de la ola invernal, que generó emergencias humanitarias y mayores demandas de asistencia, así como el peso de los subsidios energéticos en regiones vulnerables.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Reuters/Marckinson Pierre
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Reuters/Marckinson Pierre.

También se detallan compromisos financieros pendientes, tales como deudas judiciales por 1,5 billones de pesos, obligaciones contractuales vencidas por 5,1 billones y pagos adeudados a víctimas del conflicto armado por 1,6 billones.

Con la emergencia declarada, el Gobierno podrá avanzar en medidas excepcionales. Y si bien no se especifican impuestos concretos, el decreto anticipa que se priorizarán tributos sobre personas y empresas con mayor capacidad contributiva y gravámenes vinculados a impactos ambientales y de salud pública, en un intento por cerrar la brecha fiscal sin recortes abruptos del gasto.