Venezuela pide por los presos políticos.
Venezuela pide por los presos políticos. Foto: REUTERS

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves aplazar para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El Gobierno encargado comenzó el debate tras una semana de consulta pública del texto, que fue criticado por ONG y activistas, quienes denuncian exclusiones y tiempos apresurados de aprobación.

El diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabezó la comisión, sostuvo que en esta semana hicieron consultas en todo el país y mantuvieron reuniones con diversos sectores, incluyendo el Poder Judicial, ONG defensoras de derechos humanos, movimientos sociales del chavismo y familiares de presos políticos.

Según informó, en la primera intervención del debate, recibieron 2.700 aportes y propuestas escritas para la ley y agregó que “siguen llegando propuestas”.

Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión, declaró que este proyecto representa “una oportunidad histórica” para Venezuela.

“Cuando una nación atraviesa este nivel de ruptura, la respuesta no puede ser simplemente pasar la página. Debe ser la justicia con visión de futuro”, agregó.

Parlamento de Venezuela.
Parlamento de Venezuela. Foto: REUTERS

Los detalles detrás de la ley de amnistía a presos políticos en Venezuela

El Legislativo, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión, y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, como parte de la consulta pública del borrador de la ley.

En sus 13 artículos, la ley concedería “amnistía general y plena” a todas las personas “procesadas o condenadas” por una serie de delitos, excluyendo a los acusados por violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción y “delitos contra el patrimonio público”.

El proyecto cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo, pero su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

De ser aprobada, quedaría sancionada como ley, posteriormente enviada a la Presidencia para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial.

Este proyecto de amnistía se enmarca en un “nuevo momento político”, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero.