Casamiento polémico en Cafayate: la Justicia investiga una boda realizada en un área natural protegida de Salta
La fiscalía analiza si hubo falsificación de documentos para habilitar una boda en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida de Salta. El evento se realizó en marzo y generó cruces entre autoridades provinciales, municipales y los organizadores.
La Justicia de Salta investiga un casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, una reserva natural ubicada en Cafayate, tras una denuncia por el uso de una autorización presuntamente falsa para montar el evento en pleno espacio protegido.
La intervención judicial se aceleró luego de que la intendenta del lugar, Rita Guevara, realizara una presentación penal. La denunciante señaló que el “permiso” que autorizaba la boda tenía una firma apócrifa del área provincial de Turismo y Ambiente.
Qué investiga la fiscalía y qué delitos se analizan
La causa quedó a cargo de la fiscal Sandra Rojas, que busca determinar si existió una falsificación de instrumento público y si hubo maniobras irregulares para habilitar un evento privado en una zona alcanzada por normativas ambientales estrictas.
El episodio tomó mayor visibilidad a partir de la viralización de imágenes de la boda entre Nicole Pocoví y Federico Maran, celebrada el 23 de marzo en el paraje La Punilla, a la vera de la ruta provincial 68.
En las fotos se observa infraestructura, iluminación artificial y sonidos montados entre las formaciones rocosas. Desde el Gobierno provincial, el ministro de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, negó haber autorizado el evento y aseguró que su firma fue utilizada sin validez legal.
Según explicó, el documento carecía de sellos oficiales, número de expediente y resolución administrativa.
Además de la fiscalía penal, también tomó intervención la Unidad Fiscal Contravencional, que analiza posibles infracciones a las leyes que regulan el uso de espacios naturales protegidos y la preservación del patrimonio paisajístico.
La Quebrada de las Conchas está protegida por la Ley Provincial 6806, que limita de forma estricta cualquier actividad privada o comercial.
Cualquier intervención que pretenda realizarse en el lugar requiere autorización expresa de los organismos competentes, con sus correspondientes sellos y firmas oficiales.
Los organizadores del casamiento sostuvieron que la celebración se realizó dentro de una propiedad privada ubicada en la reserva.
Una de las responsables del evento afirmó que se respetaron las leyes vigentes y que participaron más de un centenar de invitados, un punto que ahora también forma parte del análisis judicial.
