El Gobierno avanza con la privatización de AySA: un banco público tasará sus acciones para concretar la venta
El Gobierno nacional avanzó formalmente en el proceso de privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada de la provisión de agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1198/2025 publicada en el Boletín Oficial, donde se establece la contratación de un banco estatal para tasar las acciones y un plazo de ocho meses para concretar la venta.
Con esta resolución, el Ministerio de Economía -a cargo de Luis Caputo- instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a contratar una entidad bancaria del sector público nacional para realizar la valuación del 90% del capital social de AySA, actualmente en manos del Estado.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación afirmó no poder realizar la tasación de los bienes de AySA
La decisión responde a la imposibilidad manifestada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación para realizar la valuación requerida “en un plazo razonable”, lo que motivó el recurso a otra entidad estatal para avanzar en los plazos previstos.
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Además de la tasación, la Agencia fue encargada de concretar la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo de ocho meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
El Gobierno busca que el Estado se retire completamente de AySA
El Ministerio también dispuso que el remanente de acciones que no sean adjudicadas en la licitación deberá ser vendido en bolsas y mercados del país. La intención es que el Estado se retire completamente de la propiedad accionaria de la compañía.
Por otra parte, se instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar toda la documentación técnica y contractual del proceso privatizador, incluyendo el contrato de concesión. Para esta tarea, la dependencia podrá solicitar asistencia técnica a la propia AySA y deberá coordinar con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Finalmente, el Gobierno enfatizó que el proceso de privatización no deberá interrumpir la continuidad del servicio público esencial de provisión de agua potable y saneamiento, garantizando que la operación se lleve a cabo sin afectar a los usuarios.
