Habrá Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2026: qué cambia en las pensiones y los pagos a prestadores
El Senado rechazó el veto del presidente y dejó firme la legislación que establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, el Senado rechazó este jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Si bien deberá ser promulgada, se espera que el Gobierno avance con una medida judicial.
De esta manera, el Gobierno Nacional sufrió un duro golpe, ya que hace 22 años que el Parlamento no insiste con una ley aprobada por el Congreso (el último veto rechazado fue en abril de 2003).
Qué cambia con la Ley de Emergencia en Discapacidad
Los principales puntos de la ley, que rige en todo el territorio nacional son los siguientes:
- Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
- Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
- Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
- Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
- Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
- El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
- La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
- La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
- El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
- Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
