Vino argentino: el Gobierno flexibilizó los controles en la industria y eliminó más de 900 normas
El Gobierno nacional flexibilizó los controles en la industria vitivinícola y derogó más de 900 normas con el objetivo de simplificar procesos administrativos y reducir costos al sector. La medida, impulsada por la Secretaría de Agricultura, apunta a “eliminar regulaciones obsoletas” y “agilizar la producción y comercialización del vino argentino”.
“La desregulación permitirá eliminar requisitos que no aportaban valor y trababan el desarrollo del sector”, sostuvo la cartera a través de un comunicado. También aclaró que las normas vinculadas a la inocuidad y la calidad del producto se mantienen vigentes, mientras que las derogadas corresponden a procesos burocráticos “ya superados o redundantes”.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) será el encargado de aplicar las nuevas disposiciones, con el foco puesto en mejorar la eficiencia de los controles sin comprometer los estándares sanitarios ni de exportación.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca aliviar la presión sobre una de las economías regionales más importantes del país, especialmente en Mendoza y San Juan, donde la vitivinicultura representa un pilar productivo clave.
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La medida se suma a otras acciones de desregulación que el Gobierno viene implementando en distintos rubros, con la premisa de “reducir la intervención estatal y fomentar la inversión privada”.
Qué hay detrás de la desregulación en la industria vitivinícola
Con esta medida, que pone fin a la fiscalización de todo el proceso productivo, se estima que dejarán de realizarse aproximadamente unas 5000 fiscalizaciones presenciales al año en las bodegas.
Hasta este viernes 7 de noviembre, la normativa vitivinícola estuvo regida por más de 1000 normas dispersas, según indicó la secretaría de Agricultura.
Entre las normas derogadas. se suprime la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de declaraciones juradas, y el requisito de permisos de tránsito.
Con la eliminación de estos permisos, las bodegas se liberan de solicitar los más de 140.000 permisos que generaban por año para mover sus productos. Además, la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) ya no será un requisito obligatorio para los productores y elaboradores.
Respecto a la identificación de los productos, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas para el mercado interno. No obstante, el Instituto Nacional de Vitivinicultura continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones.
Para la libre circulación en el país, la certificación analítica se gestionará bajo declaración jurada del interesado y mediante mecanismos digitales, garantizando la trazabilidad y autenticidad.
Las menciones obligatorias en el etiquetado incluyen ahora el número de Análisis de Libre Circulación otorgado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y deben indicar la presencia de sulfitos o dióxido de azufre para concentraciones iguales o superiores a diez partes por millón (10 ppm).
El nuevo régimen es de aplicación obligatoria para productores primarios de uvas, establecimientos elaboradores, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como laboratorios habilitados en todo el territorio nacional.
La reorganización del Instituto Nacional de Vitivinicultura también incluyó la aprobación de nuevas prácticas enológicas lícitas, como el uso de ácido fumárico y la desalcoholización del vino.
