Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional contra Venezuela y pidió la detención de Nicolás Maduro
La delegación argentina solicitó el arresto inmediato de las altas esferas venezolanas, desde donde respondieron al tenso cruce afirmando que el Gobierno de Javier Milei es “un falso defensor de derechos humanos”.
Argentina exigió este lunes por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que accione de manera “inmediata” ante el “deterioro” de la situación en Venezuela, ante lo cual Caracas respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un “falso defensor de derechos humanos”.
El representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, advirtió en la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya, acerca de que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron la situación en Venezuela y en ese sentido lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, lanzó en su advertencia Sadofschi.
Venezuela tildó de “vergonzosa” la conducta argentina
La respuesta inmediata no se hizo esperar, y el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de “politizar” de “forma altisonante” la conferencia con el fin de atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del Ejecutivo venezolano.
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En ese sentido, Constant Rosales tildó de “vergonzosa” la conducta de la Argentina en organismos multilaterales y denunció que el país ha votado en contra en gran cantidad de resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, en donde incluyó una adoptada el pasado 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles, que según él contradice los compromisos regionales y sitúa al país como “un falso defensor de derechos humanos”.
Este choque se trató de una de las intervenciones más tensas de la sesión, en lo que respecta al primer día de una semana de conferencia en la que la CPI examina tanto el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los países miembros con el tribunal, entre otras cosas, en materia de ejecución de órdenes de arresto.
El representante argentino precisó hoy que la decisión de Buenos Aires de no bloquear el consenso en la Asamblea que se celebra esta semana “no debe entenderse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una muestra del “compromiso” de Argentina con la CPI y con el adecuado funcionamiento de la propia Asamblea, especialmente en las negociaciones relativas a los países en situación de impago.
Por su parte, Caracas atribuyó su deuda con la institución a las “medidas coercitivas unilaterales e ilegales” que -afirmó- le impiden cumplir con sus obligaciones financieras. Aseguró además que, una vez levantadas dichas sanciones, podrá ponerse al día con los pagos pendientes al tribunal.
“Conocemos de la particular sensibilidad en el caso de las medidas coercitivas unilaterales, sabiendo que la Corte hoy, desafortunadamente, es también víctima de estas prácticas que atentan contra el derecho internacional”, agregó Constant Rosales, en referencia a las sanciones estadounidenses que emitió la Administración de Donald Trump contra nueve funcionarios de la CPI por emitir órdenes de detención contra responsables israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Este cruce entre Venezuela y Argentina se produjo minutos después de que la Fiscalía de la CPI anunciara que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países, pero Caracas intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas. La Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2017.
